El presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, aseguró ayer que la compañía llevará la fibra óptica al 97% de la población española -implica llegar a municipios de hasta 500 habitantes- y extenderá su cobertura móvil 4G a toda España en 2020, pero exigió para ello una regulación basada en la competencia por inversión en redes.

En caso contrario, la operadora podría dirigir sus inversiones a otros países en los que está presente, como por ejemplo Brasil o Alemania, donde la regulación es más favorable, según Gilpérez, que afirmó que Telefónica "no es una ONG, sino que tiene que cuidar la acción y poner los euros donde va a conseguir más retornos".

Alcanzar sus objetivos a 2020 supondría una inversión de miles de millones y convertiría a España en el líder europeo en conectividad a alta velocidad y en uno de los primeros del mundo, afirmó Gilpérez, que explicó que el 3% que quedaría fuera de la fibra corresponde a zonas "prácticamente inaccesibles" por cuestiones técnicas.

"Seríamos el país donde todas las multinacionales querrían estar", afimó el directivo en el marco del 29 Encuentro de las Telecomunicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

En la actualidad, la fibra de Telefónica llega a 14 millones de hogares y para cubrir toda España (27,5 millones de hogares) debería invertir unos 1.350 millones sólo en el despliegue de la red principal, a lo que habría que sumar 150 euros por cada cliente que contratara sus servicios (otros 2.000 millones adicionales).

Para ello, el directivo considera que o se desregula el mercado de la fibra, donde Telefónica no ha recibido ninguna herencia de su época de monopolio, o se apuesta por unos precios mayoristas y una oferta por zonas o paquetes y no por cliente que impliquen retornos y rentabilice la inversión.

Gilpérez advirtió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que trabaja sobre la normativa que regulará la fibra en el futuro, que para conseguir esos objetivos necesitan "un entorno regulatorio como el actual, que apueste por la inversión en el despliegue de redes".

En su última propuesta conocida, la CNMC establece obligar a Telefónica a abrir su red de fibra a la competencia salvo en 14 ciudades, aquéllas en las que haya tres o más redes desplegadas, un criterio con el que estarían de acuerdo sus competidoras Vodafone y Orange, cuyos dirigentes han vertido en Santander duras críticas contra la operadora presidida por César Alierta.

Por el contrario, Telefónica pide "competencia en infraestructuras y que no haya una desregulación como la que se está planteando", según Gilpérez, que aseguró que creen en una regulación sin compartición de redes.

En un mercado "absolutamente competitivo, en el que hay una reacción continua en los precios, no podemos ser el único operador sujeto a control de precios, necesitamos libertad suficiente para competir y las mismas reglas", subrayó el ejecutivo.

"Vamos a llevar la fibra hasta donde nunca pensamos, estamos hablando de poblaciones de hasta 500 habitantes, pero necesitamos un marco regulatorio que fomente la competencia en inversión, no creemos en otro marco", insistió Gilpérez, que pidió que, en el caso de tener que abrir su red, la competencia tenga que pagar un precio que le incentive a invertir en su propia infraestructura.