El Tribunal Supremo ha acordado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética.

En concreto, la Sala III del Alto Tribunal lleva a cabo esta cuestión sobre la Ley 18/2014, por la que se creó un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por Saras Energía contra la orden que establece las obligaciones de aportación de las empresas al fondo en el año 2015.

El fondo fue creado a finales del ejercicio 2014 y fija una aportación económica obligatoria de las compañías en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el caso de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida.

El importe total del fondo asciende a unos 350 millones de euros, de los cuales la mayor contribución procede de las empresas, con más de 210 millones de euros al año. Desde su entrada en vigor en 2015, el aluvión de recursos ante el Tribunal Supremo por las empresas contra el esquema de reparto de las aportaciones al fondo ha sido constante.

La pasada semana, el Alto Tribunal ya tumbó el régimen de financiación del bono social de la luz, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, estimando que no debía ser financiado por las eléctricas, como ocurre desde 2014.