El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer que las eléctricas "no deberían estar preocupadas" por la supresión de las aportaciones públicas para evitar el déficit del sistema, que tampoco tiene por qué conllevar una subida de la factura a los consumidores.

"Yo mismo le expliqué hace muy pocos días a los representantes de las compañías eléctricas más importantes de España, aquéllas que suponen aproximadamente un 95% de toda la generación, cuál es la situación y cómo esa diferencia de ingresos y gastos y costes del sistema puede llevar el aval del Estado", destacó el ministro, al ser preguntado por las protestas de las empresas ante esa medida. Soria añadió que, "por tanto, las empresas eléctricas, desde ese punto de vista, no deberían estar preocupadas, porque se les trasladó de esa manera".

El ministro también defendió que "no tiene ningún fundamento" establecer "una relación de causalidad directa entre el déficit y las actividades reguladas del sistema" porque, en lo que concierne a estas últimas, "transporte, distribución, sistemas insulares, extrapeninsulares, incentivos a las energías renovables, el sector está en equilibrio". Soria, que hizo estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria, tras firmar tres convenios con el Ayuntamiento de la ciudad y el Cabildo Insular, justificó el comportamiento del Gobierno aludiendo a que "en España hay una prioridad sobre todas las demás, que es la contención del déficit público".

El ministro rechazó, además, que la decisión de su Ejecutivo tenga que conllevar una subida del precio final que pagan los consumidores por la electricidad, que avanzó que dependerá de "lo que diga el mercado", ya que "el Gobierno no es el que sube o baja la luz, es el mercado directamente". En la misma línea se pronunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, que aseguró ayer que los consumidores "no van a pagar" el posible déficit de tarifa eléctrico, y afirmó que el Gobierno busca fórmulas de financiación que lo cubra.

En la justificación del PP a la enmienda al proyecto de Ley del Sector Eléctrico que se tramita en el Senado, el Gobierno asegura que si no hubiese computado un déficit de tarifa máximo de 3.600 millones para 2013, habría sido necesario equilibrar las cuentas del sistema eléctrico mediante "un nuevo incremento de los peajes de acceso que recaerían íntegramente en los consumidores eléctricos".

Ante esta situación, se ha decantado por reconocer un nuevo déficit de tarifa, cuyo pago se aplazará en el tiempo, para evitar ahora una subida de peajes que "tendría un gravísimo impacto sobre el consumidor final, que ya ha venido soportando importantes incrementos en los últimos años y que debilitaría aún más su renta disponible y su competitividad".