Economía

Repsol vende un 11,86% de YPF por 900 millones y plusvalías de 447

  • La petrolera se deshace de casi todo el capital de su antigua filial, donde conservará sólo un 0,5%

Repsol ha vendido a Morgan Stanley un 11,86% del capital social de YPF por un importe de 1.255 millones de dólares (901 millones de euros), una operación que le generará una plusvalía estimada de 622 millones de dólares (446,8 millones de euros) antes de impuestos.

Tras la venta, Repsol mantiene una participación en YPF inferior al 0,5%, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La petrolera se desprende, así, de prácticamente el 12% y abandona definitivamente el accionariado de la compañía argentina. Ese 11,86% está representado por 46,64 millones de acciones ordinarias de Clase D, que se han vendido en la forma de American Depositary Shares (ADS).

Precisamente el pasado martes, Repsol desistió de designar a los dos representantes a los que tiene derecho dentro del consejo de administración de YPF en virtud de la participación del 12% que mantenía en la petrolera argentina.

La compañía española se encuentra además a la espera de recibir durante estos días los bonos por 5.000 millones de dólares con los que el Gobierno argentino le compensará por la expropiación.

En concreto, Repsol recibirá esta semana tres bloques de bonos, uno de 500 millones con cupón del 7% y vencimiento en tres años, otro de 3.250 millones con cupón del 8,75% y vencimiento en diez años, y un tercero por 1.250 millones con cupón del 8,28% y vencimiento en 19 años.

Además, la firma ha logrado una garantía adicional por importe máximo de 1.000 millones de euros consistente en tres bonos adicionales por valor de 400, 300 y 300 millones y cupones del 7%, el 7% y el 8,75%, respectivamente.

El Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner expropió a Repsol -y nacionalizó- el 51% de YPF en abril de 2012. En noviembre de 2013, las dos partes llegaron a un acuerdo de compensación que firmaron a finales de febrero de este año y fijaba la indemnización en 5.000 millones de dólares pagaderos en bonos soberanos.

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