Economía

La OCDE propone una revolución fiscal para gravar más a los gigantes digitales

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook Mark Zuckerberg, fundador de Facebook

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó ayer “una propuesta unificada” para acometer una histórica reforma de las normas y principios fiscales que han regulado las relaciones comerciales internacionales durante el último siglo y que ofrece un mayor margen de actuación a los gobiernos para gravar las actividades de gigantes tecnológicos como Google, Apple, Facebook o Amazon, al pedir que las compañías paguen impuestos también en los mercados donde generan sus beneficios.

“Las normas actuales, que datan de la década de 1920, ya no son suficientes para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado”, reconocen los autores de la propuesta, que sostiene que en la era digital la asignación de derechos fiscales “ya no puede circunscribirse exclusivamente en función de la presencia física”.

La propuesta de la organización pretende abordar los retos planteados por la digitalización de la economía y garantizar nuevos derechos impositivos a países donde los usuarios tienen acceso a modelos de negocio altamente digitalizados.En este sentido, el texto reconoce que actualmente una empresa no residente está sujeta a impuestos sobre sus ganancias comerciales solo si tiene un establecimiento permanente en una jurisdicción, lo que significa tener alguna forma de presencia física. Sin embargo, los autores de la propuesta afirman que la digitalización ha distorsionado la aplicabilidad de esta regla, ya que las empresas pueden hacer cada vez más negocios con clientes en una jurisdicción sin tener presencia física allí. “Las empresas pagarán su parte justa allí donde tengan actividades y donde obtengan beneficios. Los países que actualmente no pueden gravar a los gigantes digitales podrán hacerlo”, subraya la OCDE.

Asimismo, la propuesta planteada por la organización internacional contempla que los gobiernos nacionales y las multinacionales afectadas tengan acceso a mecanismos legales de prevención y resolución de conflictos “legalmente vinculantes y efectivos”.

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