Tras la primera reunión del Consejo de Ministro del nuevo Gobierno, son numerosas las preguntas que nos hacemos sobre su funcionamiento futuro, muchas las inquietudes que se han generado en los diferentes agentes económicos y varias las tarea pendientes que habría que acometer.

Parece, en primer lugar, que va a ser un Gobierno muy presidencialista en el que Pedro Sánchez va a asumir un especial protagonismo marcado por dos características de su personalidad: es el primer presidente de un Gobierno español economista, y por tanto no jurista, y no parece una persona sometida a los complejos de inferioridad clásicos de los españoles, sino más bien todo lo contrario.

Los economistas, a diferencia de los juristas, no están tan preocupados por las formas sino por el contenido de las cosas. Suelen ser prácticos, persiguen resultados y sacrifican a este objetivo estéticas de legitimidad jurídica que no aprecian en exceso. Si pueden nombrar una fiscal general del Estado afín, la nombran. Se marcan 1.400 días para conseguir sus objetivos y califican a su Gobierno como de acción.

El carácter, además, de nuestro presidente le hace actuar ajeno a críticas y afrontar su papel institucional, principalmente en la Unión Monetaria, tratando de tú a tú a cualquier mandatario internacional, persiguiendo sus objetivos con tenacidad y dejando a un lado los daños colaterales. Aplicando, en fin, su manual de resistencia.

Sin duda, el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos siembra la inquietud en los agentes empresariales. En términos generales, es un Gobierno de izquierdas y pretende aumentar la participación del sector público en el PIB, desde el 41% actual a situarlo por encima del 45%. De conseguirlo, supondría incrementar el gasto público en unos 50.000 millones de euros a lo largo de la legislatura y esto hay que financiarlo.

Para ello, la batería de subidas impositivas está anunciada: subidas a las rentas altas tanto en IRPF como en rentas de capital, mínimos elevados en el impuesto de sociedades a las grandes empresas, impuestos a las transmisiones financieras, impuesto a las empresas tecnológicas, impuestos ecológicos, gravar las plusvalías no distribuidas de determinados fondos de inversión, impuestos ecológicos a la contaminación… y puede que algunos más como a las bebidas azucaradas e incremento de los impuestos especiales (electricidad, alcohol, tabaco, etc..). Quizás, será también el fin de la fiscalidad por módulos de los autónomos y es seguro que habrá una mayor batalla contra el fraude fiscal.

Indudablemente la prioridad actual de este Gobierno es aprobar el presupuesto de 2020 incluyendo esta batería impositiva y empezando a incrementar el gasto con moderación para obtener el placet de la Comisión Europea. Después serán unos presupuestos que se podrán prorrogar hasta el final de la legislatura y el camino estará marcado. Si los ingresos están asegurados las autoridades europeas no pondrán ningún reparo al incremento paulatino del techo de gasto. Y, así, nos pondremos en funcionamiento para afrontar las grandes tareas pendientes.

En mi opinión, estas tareas las podemos agrupar en tres bloques. Unas de ámbito territorial, otras que afectan al tejido productivo y un tercer grupo de naturaleza pública general.

Ante el conflicto independentista, lo probable es que tire del manual de resistencia

Sin duda las tareas de ámbito territorial se refieren al problema del independentismo y condicionará el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Los conflictos graves, en general, suelen tener tres maneras de solucionarse: con acuerdos racionales, mediante la violencia y el ejercicio de la fuerza, sea de la naturaleza que sea, y finalmente dejando que el aburrimiento nos venza. Ante el conflicto independentista, no parece que la racionalidad sea posible ante visiones tan antagónicas y, con este Gobierno tan necesitado de los escaños de ERC, no es previsible que se recurra a la imposición de la fuerza del Estado. Será pues necesario aplicar el manual de resistencia y, en este tránsito, jugar con la financiación territorial ayudará. Se producirán previsiblemente más asimetrías en la financiación y se pagarán los apoyos parlamentarios a precio de oro. Como decía nuestro último nobel de literatura: “en España el que resiste gana”. “Pues eso”, como recalca nuestro presidente. En cierta medida, será divertido observar, desde la lejanía, las idas y venidas de la mesa de negociación bilateral con el Govern.

Las tareas pendientes que inciden en el tejido productivo son principalmente dos: el Nuevo Estatuto de los Trabajadores y la transformación digital de las empresas. Ambas tareas están interrelacionadas. Volver al pasado de las relaciones laborales es absurdo, pero mantener el modelo actual es una inconsciencia. El mercado de trabajo actual no funciona bien y se refleja en varios datos: la elevada tasa de paro en situaciones de expansión, la alta temporalidad de los contratos de trabajo y la precariedad laboral que origina, y la escasa formación en las empresas de los trabajadores, que al no incrementar su capital humano los hace poco productivos y por esta razón es por la que reciben salarios bajos.

Indudablemente, estas relaciones laborales, junto a otras razones, originan que las empresas estén tardando mucho en adaptarse a las nuevas condiciones de la economía actual, que al margen de una nueva visión estratégica empresarial, requiere inversión en tecnologías de la información e inversión en la formación de los trabajadores y, por ello, el marco laboral debe perseguir una relación estable de los trabajadores pero con la flexibilidad que la disrupción de la dinámica empresarial requiere en la actualidad.

Finalmente, hay otras cuatro tareas que requieren la preocupación y la acción del nuevo gobierno: la transición a las energías renovables y a modelos de consumo sostenibles, la reforma del sistema de las pensiones, un modelo educativo que prepare a nuestros jóvenes para asumir con madurez la sociedad del futuro y, por último, el establecimiento de un marco fiscal justo que al margen de conseguir recaudar impuestos y corregir desigualdades, disminuya notablemente el fraude fiscal, impida la corrupción y lo haga más equitativo. En la sociedad española muchos que ganan más pagan menos y muchos que ganan igual también pagan menos. Y así, siempre vamos a justificar no querer pagar impuestos.

Grandes tareas pendientes para un Gobierno numeroso y heterogéneo. Ya veremos si acometemos en profundidad algunas de ellas o aplicamos el manual de resistencia y se impone el aburrimiento.