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Economía

Nueva Rumasa reparte en cinco autonomías sus solicitudes de preconcurso

  • Los expertos afirman que la dispersión beneficia a proveedores y trabajadores

Los expedientes de los procedimientos preconcursales solicitados por Nueva Rumasa para diez de sus empresas están repartidos por juzgados de cinco comunidades autónomas.

Las comunicaciones de Nueva Rumasa para acogerse al artículo 5.3 de la ley concursal, que concede un plazo de tres meses prorrogable a cuatro para renegociar su deuda y evitar la entrada en concurso de acreedores, se han presentado ante diferentes instancias de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Baleares.

Los expedientes de la empresa láctea Clesa y del club Rayo Vallecano han sido derivados a los juzgados de lo Mercantil número 6 y número 3 de Madrid, respectivamente. En Andalucía, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha emitido ya el auto de admisión del preconcurso de la alimentaria Dhul, en tanto que la comunicación de Bodegas Garvey ha entrado en el registro y será derivada previsiblemente esta misma semana al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz número 1.

Según informaron las mismas fuentes, se prevé que el expediente de la división hotelera Hotasa entre en los juzgados de Málaga. Igualmente, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) se tramitará con toda probabilidad en Extremadura, al tener su domicilio social en esta Comunidad Autónoma, lo mismo que ocurrirá con Queserías Menorquinas en Baleares y con Elgorriaga, Trapa e Hibramer en Castilla y León.

Según el experto en derecho concursal del bufete Jausas Agustí Bou, en caso de que las empresas entren en concurso de acreedores, la dispersión de los procesos en varias comunidades favorecerá a los pequeños acreedores -proveedores, trabajadores, etcétera- mientras que la acumulación en un solo juzgado será mejor para las entidades financieras y para lo inversores en pagarés.

En el caso de estos últimos, el abogado señaló que algunos de estos pagarés pertenecen a una empresa de la familia Ruiz-Mateos, pero están garantizados con activos de otra de sus sociedades, por lo que les beneficiaría que una misma administración concursal y un mismo juez velaran por mantener el patrimonio de la sociedad en insolvencia.

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