La Junta de Andalucía se ha tomado en serio la recomendación de actuar contra Ryanair en caso de vulneración de los derechos de los clientes que transmitió el jueves el Ministerio de Sanidad y Consumo a las comunidades autónomas. La polémica decisión de la aerolínea irlandesa de bajo coste de anular a partir del día 26 las reservas tramitadas a través de webs ajenas -que considera "ilegales", como las españolas eDreams, Atrápalo o Rumbo- ha hecho reaccionar a la Consejería de Gobernación, que ayer anunció que ha abierto expediente informativo a la compañía con el fin de "exigir el cumplimiento de los derechos de los pasajeros". La propia titular del departamento, Clara Aguilera, advirtió que la Administración actuará "con toda la contundencia que la ley permita" ante la "vulneración" de los compromisos adquiridos por la empresa en el momento de confirmar las plazas en sus vuelos, por lo que dará luz verde a las actuaciones "si existen indicios de incumplimientos"

La Junta abre ahora dos vías paralelas con idéntico objetivo. De un lado, tramitará el expediente informativo para comprobar "la decisión que toma Ryanair", pero también para recabar toda la información posible de los clientes perjudicados. Para ello, pondrá desde mañana a disposición de los afectados el Teléfono del Consumidor (900 84 90 90) con el fin de "informarles sobre sus derechos como usuarios y facilitarles información sobre los distintos canales que pueden utilizar y los pasos que han de seguir en caso de que éstos no se respeten".

En declaraciones a Europa Press, Aguilera insistió en que "es vital" que los andaluces que puedan verse afectados hagan llegar toda la documentación y la situación en la que quedan tras la anulación de las reservas a través del teléfono, de la web de la Junta (que desde mañana contará con un enlace específico) o de las delegaciones provinciales de Consumo. También confirmó que la Junta actúa de forma coordinada desde mediados de semana con el Instituto Nacional de Consumo y añadió que los servicios jurídicos de la Administración andaluza investigan el domicilio social de Ryanair, ya que el lugar exacto determinará quién es competente para aplicar las sanciones por el incumplimiento de los contratos.

El propio ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, terció ayer en la polémica desatada por Ryanair y, en una entrevista concedida a una emisora de radio, llegó a apuntar incluso la posibilidad de que la aerolínea irlandesa haya optado por las cancelaciones de las reservas en el marco de "una nueva campaña de publicidad de la compañía".

Al margen de esa apreciación, Soria insistió en que "no es legal" cancelar "todos aquellos vuelos que no hayan sido contratados directamente a través de su página web", además de recordar que esa actitud ya le ha costado a Ryanair el apercibimiento de la Comisión Europea, la advertencia de Aviación Civil de que le abrirá expediente o el seguimiento detallado de los hechos que está haciendo el Centro Europeo del Consumidor en España.

El consejo del titular de Consumo a los afectados es que, en caso de que se queden en tierra, presenten una reclamación escrita ante la compañía, de la que deben conservar una copia. Además, sugirió que acudan a las asociaciones de consumidores o al Instituto de Consumo. "Las competencias las tienen las comunidades autónomas, aunque también pueden ir al Ministerio", subrayó.