La Izquierda Plural ha pedido que se tipifique como delito el despido de trabajadores en empresas que tengan beneficios, una práctica que, según el líder de IU, Cayo Lara, se está llevando a cabo bajo el paraguas de la reforma laboral. Lara ha avanzado los detalles de una proposición no de ley que la Izquierda Plural ha registrado en el Congreso para evitar que las empresas que tengan beneficios despidan a sus empleados, tal como han hecho, según él, Telefónica, Acciona, UPS, El País o Roca. Y han podido hacerlo con el actual marco legal, ha añadido Lara, alegando supuestas razones económicas que "enmascaran" la búsqueda de contrataciones más precarias o una deslocalización empresarial para producir en países donde la mano de obra es más barata.

La iniciativa incluye también que la extinción de contratos se lleve a cabo cuando haya una progresiva evolución económica "negativa", que conduzca a una situación real de pérdidas y no sólo con la caída de los ingresos durante tres trimestres consecutivos, aunque estas empresas mantengan sus beneficios. Además, ha explicado Lara, la proposición contempla que cuando un despido sea declarado improcedente sea el trabajador el que pueda optar a ser readmitido en su puesto y no sea "potestad" del empresario. Cuando el despido sea declarado improcedente, indica la citada iniciativa, el empresario deberá abonar una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades.

Cayo Lara ha hecho hincapié en que la reforma laboral ha traído más paro y más recesión, como refleja -ha subrayado- la "terrorífica" tasa del paro que publicó Eurostat, según la cual el desempleo en España se situó en noviembre en el 26,6%, la cifra más alta del conjunto de la Unión Europea. Unas cifras, ha subrayado el coordinador federal, que "desmontan la teoría" de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre los beneficios de la reforma laboral y ponen de relieve la "inmensa estafa" que ha supuesto la política de ajustes y recortes del PP.

El despido "masivo" de medio millón de trabajadores desde su entrada en vigor ha sido, además, un regalo "monumental" a los empresarios al haberles ahorrado, según Lara, miles de millones de euros en indemnizaciones. Sin embargo, suponen una carga para el Estado al tener que pagar el subsidio de desempleo y "puede poner en peligro" el pago de las pensiones al reducirse drásticamente los cotizantes a la Seguridad Social.