El Gobierno ha abierto un periodo de "reflexión" y "balance" sobre las bonificaciones a la contratación, una política que consume 2.800 millones de euros al año y que, según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, han ido perdiendo su razón de ser al universalizarse. Corbacho recordó que surgieron con un doble objetivo: mejorar la calidad del empleo para pasar de los contratos temporales a los fijos y discriminar positivamente a colectivos como jóvenes, mujeres o mayores.

Corbacho indicó que su intención no es suprimir estas bonificaciones, sino someter a revisión el sistema y hacer un "balance" del mismo para ver si los 2.800 millones de euros que cuestan estos incentivos son realmente eficaces y decidir "donde es más productivo destinarlos".

Asimismo, el ministro de Trabajo, quien anunció que 26.000 personas han solicitado ya la ayuda de 420 euros para los parados que han agotado todas las prestaciones, una medida que podría beneficiar a entre 500.000 y 600.000 personas, reiteró que, si se mantiene el crecimiento sostenible de la población activa, el paro no debería alcanzar el 20%, sino que se "mantendrá" en el 18,9% marcado en el cuadro macroeconómico. Sólo se llegará a la cifra del 20% si la población activa se dispara.

Corbacho manifestó, además, que el diálogo social está "herido" pero no muerto y se mostró esperanzado en que se encuentre en fase de "rehabilitación y pronto restablecimiento". En este sentido, insistió en que el desbloqueo de los convenios colectivos por parte de sindicatos y empresarios sería un paso positivo para poder discutir otros temas y reducir una conflictividad social que "sería muy perjudicial para la economía". Dijo que no cree que nadie quiera boicotear el diálogo social y realizó un llamamiento a sindicatos y patronal para que todos hagan esfuerzos y acepten "dejar algo en el camino".