Consejo de Ministros

El Gobierno restringe la actividad de las cajas de ahorros a minoristas dentro de su comunidad

  • Con este anteproyecto de ley, que afectará sólo a dos entidades, se da por terminada la reforma del sistema financiero. El resto de cajas que trasladaron su negocio a un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias.

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias, una vuelta a los límites originales de estas instituciones, que pasarán a ocuparse de clientes minoristas y pymes en un ámbito territorial que no podrá exceder una CCAA o diez provincias limítrofes. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado tras el Consejo de Ministros que con este anteproyecto -con el que se da por culminada la reforma del sistema financiero- la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen. Según el ministro la ley estará basada en un principio fundamental: que las cajas "nunca" tendrían que haber abandonado su función originaria, ajustada a su territorio y a los ahorradores y a los pequeños y medianos empresarios, además de dedicarse sólo al negocio minorista.

Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que se trata de volver "al sistema anterior a los años 90 y a los años 80", si bien esta nueva normativa afectará sólo a dos cajas (Pollensa y Ontinyent). El resto de cajas que trasladaron su negocio a un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias, cuyo régimen jurídico define la nueva norma. Por su parte, las entidades que se mantengan como cajas en sentido estricto no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen.

Además, la normativa -impulsada por la troika, integrada por la CE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) como una contrapartida al rescate de la banca española- incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas. Para ello se "potencia la profesionalidad" del consejo de administración, cuyos miembros deberán tener conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño de sus funciones, además de contar con los requisitos de honorabilidad y buen gobierno exigidos por la legislación. Asimismo se fortalece la incompatibilidad de formar parte de los órganos de gobierno con cargos ejecutivos en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales.

"No hay fecha" para que las antiguas cajas salgan de sus bancos

Luis de Guindos ha confirmado que "no hay fecha" para que las antiguas cajas de ahorros reduzcan sus posiciones de control en los bancos a los que dieron lugar. Esta condición afectará fundamentalmente a La Caixa, Kutxabank y Unicaja. Las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable. El ministro ha asegurado que la nueva norma no obligará a las antiguas cajas a deshacerse de sus carteras industriales.

Deberán transformarse en fundaciones aquellas que mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance de forma directa o indirecta al menos un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. Las fundaciones bancarias no podrán participar en procesos de ampliación de capital de la entidad de crédito participada y deberán aprobar sus dividendos por quorum y mayoría reforzados, es decir, con la presencia del 50% del capital en la primera convocatoria y 25% en segunda convocatoria, más la aprobación de tres cuartos del capital presente en la Junta.

El Gobierno ha anunciado un régimen fiscal para preservar el tratamiento "favorable" a la obra social, aunque no ha detallado cómo se articulará. De Guindos ha anunciado que si la obra social se extiende de una comunidad autónoma, el protectorado será del Ministerio de Economía, mientras que si permanece dentro de una región, será el Gobierno regional en cuestión el que lo ostente.

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