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Economía

El Gobierno rescata los 400 euros para parados en el pacto social

  • La ayuda estará ligada a la formación y sólo para quienes tengan cargas familiares.

Con un amago de Pactos de La Moncloa light, el Gobierno y los agentes sociales se harán hoy una foto pretendidamente simbólica que mostrará a los españoles su responsabilidad y su sentido de Estado pero que, sobre todo, alterará, con más impacto que nunca antes, el sistema de pensiones que rige la vida y las expectativas de millones de trabajadores. El Acuerdo Social y Económico avalado ayer por la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO introduce asimismo medidas coyunturales para tapar los agujeros más feos del mercado laboral -jóvenes, parados de larga duración-; apuesta, con más voluntarismo que concreción, por nuevas políticas energéticas y de innovación; y reafirma los ejes de la reforma de la negociación colectiva, que potenciará los convenios de empresa.

El meollo del documento, de 38 páginas y la habitual redacción farragosa, son las pensiones. Y una lectura detenida arroja novedades respecto a los borradores manejados hasta la fecha: Los trabajadores que hayan sido despedidos al final de su vida laboral, por ejemplo, podrán acelerar la ampliación a 25 años del periodo de cómputo para calcular su pensión, para "evitar perjuicios" por la reducción de sus bases de cotización durante su inactividad. 

Aunque en el documento no consta, fuentes sindicales explicaron que el proyecto de ley previsiblemente recogerá que entre 2013 y 2017 los trabajadores despedidos podrán aplicarse un cómputo de hasta 20 años y que entre 2018 y 2022 podrán aumentarlo hasta los 25 años. El texto dice además que en caso de existir lagunas de cotización éstas se completarán de la siguiente forma: Las correspondientes a los primeros dos años, con la base mínima de cotización y las que exceden de 24 meses con el 50 % de la misma. Adicionalmente, la Seguridad Social arbitrará fórmulas que reconozcan los periodos cotizados de los 24 meses anteriores al cómputo para rellenar las lagunas de cotización.

El documento también detalla los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de los 65 o de los 67 años dependiendo de las carreras de cotización. Si el trabajador quiere seguir en activo después de los 67 y ha cotizado menos de 25, la bonificación anual será del 2%, mientras que si ha cotizado entre 25 y 37 años el incentivo aumenta al 2,75%. Para los trabajadores que al llegar tanto a los 65 como a los 67 años ya hayan completado su carrera de cotizaciones el incentivo será del 4%.

La reforma también introduce a los trabajadores por cuenta ajena del Reass (Régimen Agrario) en el General, a través de un sistema que equipara las prestaciones y que se habilitará de forma progresiva. Además, no descarta la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar en el General y añade que se revisará durante la tramitación parlamentaria de la reforma.

También deja abierta la posibilidad de establecer "posibles escenarios de financiación complementaria" al sistema de la Seguridad Social en el medio y largo plazo. Sobre las cuotas sociales por contingencias profesionales de Seguridad Social, se establece que durante cinco años se procederá a una evaluación anual de los costes de las prestaciones así como de los costes de gestión para ajustar las cotizaciones profesionales a las necesidades de la coyuntura económica.

Las mutuas y la Seguridad Social desarrollarán programas y criterios de colaboración para controlar de forma eficaz los costes derivados de las bajas laborales de duración inferior a 15 días.

Finalmente, el texto no fija una única edad legal exclusiva de jubilación sino que puntualiza que la jubilación por ley se sitúa en "un intervalo" entre los 63 y los 67 años, vinculando la jubilación a los 65 años a carreras de cotización de 38,5 años y la de los 67 a carreras de 37 años, para poder acceder a la pensión íntegra. Asimismo, indica que la jubilación anticipada se fija en los 63 años y en los 61 cuando se produzcan situaciones de crisis. No obstante, estas condiciones de jubilación anticipada no afectarán a las personas que hayan suspendido su relación laboral antes de la firma del acuerdo.

Otro de los compromisos asumidos obligará al Gobierno a aprobar antes del 18 de junio el proyecto de ley que regulará la constitución del fondo de capitalización del despido -inspirado en el modelo austríaco y previsto en la reforma laboral-, previa consulta y negociación con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT.

Respecto a la ayuda de 400 euros, estará vinculada a la formación, especialmente en sectores emergentes, y contará con una duración máxima de seis meses [consultar las claves de la información superior para más información].

Los firmantes dedican un apartado específico a las políticas industrial, energética y de innovación, donde, con mucha voluntad y escasa concreción, se fijan una serie de objetivos más o menos realistas, incluido el eterno deseo de que "la actividad industrial contribuya al cumplimiento de los objetivos medioambientales asumidos por España", la reforma del ICEX, garantizar "la seguridad del suministro energético y la reducción de la dependencia" exterior, potenciar "actuaciones que apoyen la transferencia de conocimiento y la cooperación público-privada" o fomentar la "compra pública innovadora", una forma de que las empresas asuman un esfuerzo "por ofrecer productos y servicios más avanzados que redunden en su competitividad y capacidad para crear empleo".

La segunda parte del acuerdo contiene una breve mención a la necesidad de abrir un diálogo en la Mesa de la Función Pública para negociar el régimen de clases pasivas, el desarrollo del Estatuto del Empleado Público y la evaluación de los acuerdos alcanzados en su día en este ámbito.

Por último, sindicatos y CEOE se citan para sentar los ejes para la reforma de la negociación colectiva, que estará basada en un fortalecimiento de los convenios de empresa y podría cerrarse a mediados de marzo. "La negociación colectiva tiene problemas de estructura y legitimación", reza el texto.

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