2%

El sector público tampoco escapa a los tentáculos de la crisis. El Consejo de Ministros aprobó ayer la oferta pública de empleo (OEP) para 2009 con una reducción del 42,7% en el número de plazas disponibles, hasta las 20.561. De éstas, 17.948 serán para nuevos puestos y el resto, 2.613, para promoción interna. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, anunció, asimismo, que la tasa de reposición de los funcionarios que dejen su trabajo se reducirá al 30% del total -el mínimo que marca la ley-, con lo que, a excepción de los servicios más sensibles, se dejarán de cubrir 7 de cada 10 vacantes por bajas, jubilaciones o excedencias. Las plazas para 2009 contrastan con las ofertadas en 2008, año para el que se convocó la mayor OEP de la historia, con 35.895 puestos.

Salgado aseguró que se trata de una oferta "austera" que incide en la contención del gasto y es "adecuada" al actual momento de crisis económica. Además, insistió en que, a pesar del recorte, hay un número de efectivos suficientes para garantizar la seguridad y el ejercicio de las funciones prioritarias de la Administración, por lo que la limitación "no afecta a la prestación de servicios públicos esenciales". Es más, todo ello servirá como un "acicate en la búsqueda de eficiencia" y en la estimulación de la "imaginación" con el objetivo de recortar el gasto. Un objetivo para el que ha asegurado que existen las "herramientas" necesarias, como las tecnologías de la información.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que la nueva oferta de empleo público compatibiliza el "rigor y la austeridad presupuestaria" con la mejor calidad al servicio de los ciudadanos y aseguró que su finalidad es reactivar la economía y fomentar el empleo.

De la Vega informó de que la nueva OEP establece medidas para la igualdad de acceso entre hombres y mujeres y facilidades a los candidatos para poder conservar su nota en las oposiciones siempre que no supere el 60% de la calificación máxima.

Asimismo, la oferta, aprobada mediante cuatro reales decretos, establece por primera vez que el 7% del total de las plazas se reserve para discapacitados y de éstas el 2% para personas con alguna deficiencia intelectual. La ministra de Administraciones Públicas recalcó que en la distribución de la oferta se han primado los sectores que pueden contribuir a la recuperación económica, como el de las tecnologías de la información y el de la lucha contra el fraude fiscal.

Por otra parte, la limitación de la tasa de reposición (30%), insistió Salgado, no se aplicará a los servicios públicos considerados esenciales, como las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, que contará con 4.957 plazas; la Administración de Justicia (2.883 plazas), Instituciones Penitenciarias (1.572 plazas), Educación, Sanidad, Inspección de Trabajo o seguridad aérea. Tampoco afectará al personal que trabaja en la gestión de las políticas activas de empleo, de las prestaciones por desempleo y en el control y lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público.