El Gobierno pedirá al Pacto de Toledo que valore si hay que permitir que los funcionarios se jubilen anticipadamente de forma voluntaria, teniendo en cuenta el coste que supondría para la Seguridad Social, según consta en un informe enviado al Parlamento.

La figura de la jubilación anticipada y parcial para los empleados públicos viene reconocida en su Estatuto Básico, pero éste lleva casi cinco años esperando un desarrollo reglamentario.

Así pues, a día de hoy, los funcionarios no pueden jubilarse aún anticipadamente de manera voluntaria, salvo los de clases pasivas, entre los que se encuentran la mayoría de los docentes y los cuerpos de Seguridad del Estado y que ascienden a cerca de un millón de personas.

La propuesta enviada al Pacto de Toledo forma parte de un conjunto de ideas que el Gobierno quiere discutir en Pacto de Toledo para frenar en lo posible las jubilaciones anticipadas y parciales.

El Ejecutivo apoya sus propuestas en datos. En 2011 se jubilaron anticipadamente un total de 111.648 trabajadores, el equivalente al 40,53% del total de altas de jubilación al sistema, proporción que asciende hasta el 50,69% en el caso del Régimen General.

Antes incluso de haber entrado en vigor la última reforma de pensiones (lo hará el 1 de enero de 2013), el Gobierno ya ha hecho cálculos y quiere introducir algunos cambios en la regulación actual, que permite jubilarse anticipadamente a los 61 años de manera voluntaria, siempre que se cumplan determinados requisitos. Las propuestas del Ejecutivo pasan por adecuar la edad de acceso a la jubilación anticipada a la que en cada momento está establecida como edad legal. A partir del 1 de enero de 2013 y hasta 2027, la edad legal para jubilarse irá creciendo progresivamente desde los 65 a los 67 años.

El Ejecutivo también plantea actualizar el periodo mínimo de cotización para tener acceso a la jubilación anticipada, así como ajustar los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión.

En el caso de la jubilación parcial, también propone adecuar la edad de acceso a la edad ordinaria de jubilación, modificar la jornada laboral de los jubilados parciales, prolongar la duración de los contratos de relevo, y adecuar el periodo mínimo de cotización para poder disfrutar de esta figura.

En un segundo informe remitido a la Comisión del Pacto de Toledo, el Ejecutivo propone una serie de medidas para facilitar el cobro de una pensión con un trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Así, el Gobierno quiere que se permitan ambas cosas siempre que se acceda a la pensión de jubilación a la edad ordinaria. Eso sí, la pensión a percibir sería en el porcentaje que fuese posible teniendo en cuenta la viabilidad del sistema de pensiones y las rentas que cobrara el jubilado por ese trabajo.

Además de acreditar la edad de acceso ordinario a la jubilación, para que trabajo y pensión sean compatibles se necesitarán otros requisitos, entre ellos que el trabajo a desarrollar fuera en el sector privado (no pudiendo aplicarse al sector público). Además, el Gobierno plantea que no sería obligatorio cotizar por las actividades realizadas, "sin perjuicio de que se pudiesen establecer cotizaciones de solidaridad", pero sin efecto en las prestaciones.