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Economía

El Gobierno eleva el gasto en 2023 hasta cifras récord pese al enfriamiento de la economía

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, este martes en el Palacio de la Moncloa.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, este martes en el Palacio de la Moncloa. / Eduardo Parra · Europa Press

El Gobierno ha aprobado este martes un techo de gasto récord para 2023, un impulso inversor con el que espera defender la recuperación económica del impacto de la guerra en Ucrania que ya le ha llevado a rebajar la previsión de crecimiento al 2,7 % para ese año.

Con la aprobación del techo de gasto, el Gobierno "pone en marcha toda una maquinaria" para aprobar "en tiempo y forma" los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, considera "imprescindibles" para la recuperación económica.

Por tercer año consecutivo, el límite de gasto no financiero será un máximo histórico –198.211 millones de euros, un 1,1 % más que el de este año–, en parte por el efecto de los fondos europeos, que para 2023 ascenderán a 25.156 millones –23.840 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) y 1.316 millones del ReactEU–.

A pesar del aumento del gasto, el Ejecutivo mantiene su previsión de cerrar 2023 con un déficit equivalente al 3,9 % del PIB, 1,1 puntos menos de lo estimado para este año, una referencia no sujeta a sanciones ya que las reglas fiscales europeas continúan suspendidas.

Montero ha avanzado que solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a constatar que se dan las circunstancias para mantener suspendidas las reglas fiscales nacionales, lo que implica que tampoco comunidades autónomas ni ayuntamientos podrán ser sancionados si incumplen sus referencias.

Este es el único trámite que el Gobierno tiene que afrontar en las Cortes antes de presentar el Presupuesto, ya que no hay objetivos vinculantes para 2023 y el techo de gasto no se somete a votación.

Para 2023, el Gobierno prevé que la Administración central registre un déficit del 3,2 % del PIB, dos décimas menos de lo apuntado en abril; las comunidades autónomas, del 0,3 %, dos décimas más, y la Seguridad Social, un 0,5 %. La estimación para las corporaciones locales es un superávit del 0,1 % del PIB, una décima más.

Impacto de la guerra en Ucrania

Los futuros presupuestos de 2023 se asientan en unas previsiones macroeconómicas menos optimistas que las de abril, principalmente como consecuencia de los efectos de la guerra en Ucrania y en particular de la inflación, que es "el principal reto de la economía en este momento", según la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La estimación de crecimiento para 2022 se mantiene en el 4,3 % –aunque con mayor aportación de la demanda externa y menos de la nacional– pero para 2023 se rebaja ocho décimas, hasta el 2,7 %, un crecimiento apoyado en la demanda nacional, que aportará 3,3 puntos, mientras que la externa restará 0,7 puntos.

Aunque el Gobierno no ofrece previsiones del índice de precios de consumo (IPC), el deflactor del consumo privado se eleva al 7,8 % para 2022 y al 2,9 % para el próximo año. La previsión de tasa de paro se mantiene en el 12,8 % de media para este año y se eleva 3 décimas para 2023, al 12 %.

Casi 20.000 millones para pensiones

La ministra de Hacienda ha eludido dar detalles sobre el contenido de los futuros Presupuestos, cuya negociación comienza ahora con Unidas Podemos y, posteriormente, con los socios parlamentarios "con los que tiene vocación de aprobar estas cuentas".

Sin embargo, sí ha avanzado que el techo de gasto contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022, para atender a las directrices del Pacto de Toledo.

También ha asegurado que la previsión de ingresos consignará la recaudación por los dos nuevos impuestos extraordinarios a banca y energéticas y ha avanzado que los recursos para comunidades autónomas y corporaciones locales "se incrementarán significativamente".

Con respecto a la subida salarial de los empleados públicos, la ministra ha señalado que su intención es negociarla con los sindicatos y ha abierto la puerta a incluirla dentro del pacto de rentas que el Gobierno está reclamando al sector privado.

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