El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido este jueves en la mesa de diálogo social sobre pensiones su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con el descarte de los dos peores años de cotización.

Según fuentes del Departamento que dirige José Luis Escrivá, durante la reunión de este jueves con los agentes sociales, se les ha detallado algunas cifras del impacto que tendría la propuesta del Gobierno para calcular la pensión con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

De acuerdo con estos cálculos, explican fuentes del Ministerio, extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, "protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales", lo que cada vez se da con mayor frecuencia.

Durante la reunión de este jueves, el Gobierno ha comunicado a sindicatos y empresarios que recopilará las propuestas que han realizado en la mesa de negociación. De momento, les ha citado de nuevo para el próximo 12 de diciembre.

La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó el pasado lunes a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, éste alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

De momento, los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo de la pensión alegando que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. Con lo que sí están conformes es con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad.

La CEOE, por su parte, ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta segunda fase de la reforma de pensiones. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado partidario de convocar la Comisión del Pacto de Toledo para ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años. "Los partidos políticos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer", ha apuntado.

Por su lado, la vicesecretaria ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, considera que, aunque el periodo de cálculo de la pensión debería ampliarse a toda la carrera laboral, la propuesta del Gobierno de extender el periodo de cálculo a 30 años no se encuentra dentro del Pacto de Toledo y debe contar con consenso dentro del propio Gobierno, donde ya ha habido discrepancias al respecto, y también dentro del Congreso.