Abengoa tiene más cerca su rescate. El Gobierno de España, según fuentes conocedoras de la negociación, ha acordado con la multinacional andaluza una triple operación que aportaría 350 millones para permitir que el próximo lunes, la fecha marcada por el consejo de administración de la multinacional andaluza como tope máximo para revertir la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra, se cierre un pacto multibanda con banca y fondos acreedores (la mayoría de ellos son también accionistas), proveedores tenedores de deuda y administraciones que permita que no se liquide la compañía fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

El acuerdo entre la dirección de Abengoa que preside Gonzalo Urquijo se ha negociado en las últimas semanas con tres ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez: Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Industria, Comercio y Turismo.

El Ejecutivo ha utilizado en parte las herramientas de que se ha dotado para ayudar a empresas en la crisis provocada por la pandemia. Los problemas de Abengoa son anteriores al contagio de Covid-19 que obligó a decretar el estado de alarma, como prueba que el desequilibrio patrimonial de casi 400 millones que hace que esté en causa de disolución se produce al cierre del ejercicio de 2019. De hecho, al auditor no ha firmado las cuentas por ese motivo y éstas no han sido entregadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sí es cierto, que el coronavirus y sus consecuencias económicas han agravado la situación, pero paradójicamente puede ser la solución a la extrema falta de liquidez de Abengoa.

Los acuerdos con el Ejecutivo central consiguen algunas de las cuatro medidas, total o parcialmente que la multinacional de la ingeniería necesita para salvarse.

El Plan de Negocio Actualizado que tendría que el consejo de administración de Abengoa tendría que aprobar el lunes, y que de facto sería la tercera reestructuración financiera en un lustro, prevé cuatro medidas: una nueva línea de liquidez con entidades financieras que ya son acreedoras por importe de 250 millones de euros, 300 millones de euros en nuevas líneas de avales revolving, modificar los términos y condiciones de los diferentes tramos de deuda sin descartar quitas y renegociar los pagos a proveedores con deuda vencida y a otros acreedores.

Los acuerdos con el Gobierno aportan 50 millones de euros mediante un préstamo a cinco años, proporcionado por el ICO, con la garantía pública de la línea Covid, y un aval –también del ICO– para asegurar el 70% de los 180 millones que prestaría la banca (126 millones garantizados). Esas dos partidas supondrían 230 de los 250 millones de la primera medida del rescate. Los 20 millones restantes los debería aportar un préstamo facilitado por la Junta de Andalucía, que, como adelantó este diario el pasado jueves, exige “absoluta garantía jurídica” sobre los pactos con la banca, los fondos y el Gobierno para participar en la operación

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también auxiliaría a Abengoa para conseguir totalmente la segunda de las medidas del rescate, al aportar garantías del Estado para conceder, a través del CESCE, una nueva línea de avales técnicos con carácter revolving de 300 millones de euros, De este importe, CESCE asegura 180 millones de euros. Esto es, una cobertura del 60% del total.

Estos avales técnicos son vitales para que Abengoa asegure la continuidad de su actividad y finalización de sus proyectos en curso y consecución de nuevos contratos en 2020 y 2021. Además, se amplia a duración de las dos líneas de avales ya existente hasta 2025, para alinearlas alineándose con el horizonte de financiación solicitada con garantía del ICO.

Las mismas fuentes señalaron que el pacto con los ministerios, que incluye también el acuerdo con los bancos, se ha cerrado porque el Gobierno quería contribuir, con este apoyo de CESCE por cuenta del Estado y del ICO, a la continuidad y viabilidad del grupo empresarial, a incrementar su facturación y a mantener los más de 14.000 puestos de trabajo que aún tiene en todo el mundo, de los que unos 2.600 son empleos directos en España –además de cerca de 8.000 indirectos–, que en su mayoría radican en Andalucía.

Estos acuerdos acercan el rescate, pero están condicionados a que todas las partes implicadas participen en los pactos multibanda para asegurar la reestructuración de la deuda, la nueva financiación y los avales.