Tras la polvareda desatada por la propuesta de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de subir el precio de la luz hasta el 11,3%, el Gobierno se vio forzado ayer a lanzar un mensaje de calma. Lo hizo a través de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros insistió en que no existe una decisión firme (no la habrá al menos hasta finales de junio) y en que ésta intentará conciliar los intereses de las empresas y de los consumidores. La tarea se le presenta difícil: mientras las grandes eléctricas insisten en una considerable subida en las facturas que compense el déficit tarifario (la diferencia entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que el cliente paga por ella), los consumidores se niegan a que ésta supere los niveles que marca la inflación.

Fernández de la Vega reiteró que el Gobierno tomará la decisión "de forma motivada y razonada" y teniendo en cuenta "los intereses de las empresas y de los consumidores y las llamadas tarifas sociales, destinadas a proteger a los menos favorecidos".

Después de aplicar en enero una subida del 3,3%, Industria decidió congelar las tarifas en la última revisión, realizada en abril, en un momento marcado por las elecciones generales y la constitución del nuevo Gobierno. El Ejecutivo se había comprometido durante la pasada legislatura a aplicar subidas por debajo del IPC, a pesar de que en el sector, CNE incluida, se alertada de que el problema del déficit iba en aumento y de que tarde o temprano sería necesario aplicar subidas que reflejasen el precio real.

Durante 2007, cuando el IPC se situó en el 4,2%, la tarifa para los hogares -que afecta a unos 20 millones de usuarios- subió un 2,98%, mientras que en 2006 lo hizo un 5,28%. En 2005 el incremento fue del 1,74%, frente al 1,48% de 2004 y el 1,5% de 2003. Sólo en 2006 el incremento de la tarifa superó al del IPC.

En cuanto a los consumidores industriales, el precio por la electricidad creció más deprisa que la inflación en los últimos años. Las subidas para este colectivo en el conjunto de 2007 fueron del 7,37%, frente al 10,89% de 2006, el 1,73% de 2005, el 1,68% de 2004 y el 2,09% de 2003.

En su propuesta, la CNE despliega un argumentario técnico para aconsejar cuánto debería costar la luz y de los cambios regulatorias que deberían afrontarse. Según destaca, el coste de generación actual de 53,67 euros por megavatio hora (MWh) debería subir un 11,3% para alcanzar los 66,14 euros por MWh. Eso, a su juicio, estaría a la altura de las exigencias del mercado y no generaría un déficit adicional, la gran queja de las compañías.