El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto de medidas urgentes en el sistema eléctrico para evitar un nuevo incremento del déficit de tarifa. La reforma conllevará recortes en la retribución de las actividades reguladas y también cambios en las primas a las renovables.

Además, se acordó remitir al Consejo de Estado un proyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente al incremento de costes a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial (renovables y cogeneración), con el fin de que este posible desfase no se traduzca en subidas de la luz. El crédito será otorgado al Ministerio de Industria y, una vez aprobado por el Consejo de Estado, se tramitará como proyecto de ley.

"El objetivo es que no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas", afirmó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El real decreto ley incluye dos medidas de carácter regulatorio, con el objetivo de ahorrar hasta 800 millones. La primera, con la que se prevén ahorros de entre 330 y 340 millones de euros, pasa por cambiar el método en virtud del cual se revisan anualmente las retribuciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico: transporte, distribución, sistemas extrapeninulares y primas al régimen especial. Hasta ahora, estas retribuciones se actualizaban en función del IPC, y a partir de ahora se regularizarán según la inflación subyacente -aquella que no recoge la evolución de los precios de los productos energéticos y alimentos frescos- y "a precios constantes" para evitar la repercusión de los impuestos indirectos como el IVA.

El segundo de los cambios afecta al real decreto 661 de 2007, que permitía a los productores del régimen especial elegir en todo momento entre percibir una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima. Esta posibilidad hacía que las empresas se acogieran a la segunda de las opciones cuando el precio de mercado estaba alto y a la primera cuando estaba bajo, lo que, a su vez, se reflejaba en el precio de la luz. Esta medida tendrá un impacto de entre 250 y 500 millones.

A partir de ahora, las empresas deberán elegir una de las vías con carácter permanente, explicó Soria, quien añadió que hay veces que la conveniencia del productor "no coincide" con la del consumidor.

Los costes del sistema se han incrementado de forma "creciente" en los últimos meses, mientras que los ingresos han caído debido al descenso de la demanda, de ahí la necesidad de "medidas urgentes", apuntó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.