El Gobierno retomará esta legislatura la aprobación de un proyecto de Ley que permitiría al Fondo de Reserva de la Seguridad Social invertir en Bolsa el 10% de sus recursos, cifrados en 55.000 millones de euros, en empresas que atiendan a "criterios sociales y medioambientales".

Así lo ha asegurado hoy en Avilés el director general de la Economía Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera Cereral, en una jornada sobre El crecimiento responsable de las empresas asturianas, organizada por la Fundación Asturiana de Medioambiente.

Barrera Cerezal ha declarado que la intención del Gobierno es retomar el proyecto de inversión que había sido objeto de estudio en la anterior legislatura y que supondría invertir unos 5.000 millones de euros en la Bolsa, de un fondo que actualmente se destinada a Deuda Pública.

Esta iniciativa, que había quedado "aparcada" en la anterior Legislatura, será retomada por el nuevo Ejecutivo, en el marco de las negociaciones abiertas con los interlocutores sociales, con los que se buscará "el mayor consenso posible".

Barrera Cerezal se ha referido en el acto inaugural de la jornada al Consejo Estatal de RSE que tiene como propósito incentivar a las empresas para que compatibilicen los beneficios con la implantación de buenas prácticas sociales y medioambientales.

También se ha referido a las novedades que aplicarán a la Ley de Contratos del Estado que incorporará elementos sociales y medioambientales en sus cláusulas, "para que las Administraciones den ejemplo y recojan estos criterios con sus propios proveedores".

De las 35 empresas que conforman el IBEX español, "casi la totalidad realizan informes de sostenibilidad, en concreto 33, y del resto también en torno a más de 190 lo hacen", por lo que el objetivo es llegar igualmente a las pymes.

Por otra parte, el director general de Economía Social y Trabajo Autónomo se ha referido al avance previsto para el desarrollo del nuevo estatuto para los trabajadores por cuenta propia.

Una comisión de expertos trasladará al Ministerio de Trabajo antes del mes de junio un informe sobre un modelo de prestación por cese de actividad para trabajadores autónomos que pierdan su empleo de forma involuntaria y que recoja también la posibilidad de que los que estén próximos a la jubilación puedan percibir esa ayuda para retirarse de forma anticipada.

A la luz de este documento, el Gobierno trasladará a las Cortes su propuesta de modelo de prestación por cede de actividad involuntaria para el colectivo de trabajadores autónomos.

Para el trabajador autónomo económicamente dependiente se está elaborando un borrador de Real Decreto para regular las condiciones que tiene que recoger este trabajador y dónde se tiene que registrar, según el director general.

Estos trabajadores son aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo.

Hasta ahora ya se han dado de alta en la Seguridad Social unos 700 trabajadores en esta nueva modalidad, y la idea es que sean las Comunidades Autónomas las que se encarguen de este registro.