Perseguida por la polémica y las criticas de la oposición y las ONG, la central de Santa María de Garoña (Burgos), uno de los ocho reactores que operan en el país, cerró ayer sus puertas tras 42 años de actividad, tal y como contempla una orden del Ministerio de Industria y Energía.

No obstante, Industria iniciará los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad "si así fuera posible", según anunció el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad", el Ministerio de Industria procederá a dichas modificaciones normativas, explicó.

En la Orden Ministerial de cierre se deja claro que la actividad debía cesar el día 6 de julio (ayer), "aún cuando no existan razones de seguridad nuclear y protección radiológica que lo exijan, y la empresa titular de la instalación haya invocado razones económicas para no solicitar la renovación de la autorización de explotación".

El PSOE recordó al Gobierno que "Garoña pasa a estar bajo el control del Consejo de Seguridad Nuclear" e insta a "abandonar la actitud de mangoneo" sobre este organismo. El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, advirtió ayer que su partido "no tolerará ninguna intromisión en unas funciones que han de estar presididas por la defensa del interés general, máxime en una materia tan sensible como la seguridad nuclear".

Por su parte, Greenpeace consideró que modificar las normas para permitir la reapertura de Garoña "es delictivo" y animó a reivindicar hoy domingo su cierre total.

En este escenario, el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, insistió ayer en que el cierre de la central nuclear podría ser reversible "en los próximos meses", siempre y cuando se cumplan las condiciones económicas, de seguridad y medioambientales.

El titular español subrayó que dado que su cierre se ha originado "por motivos económicos", de mejorar ese aspecto podría reconsiderarse su situación. "Tendremos los próximos meses para determinarlo, pero va a depender mucho de las condiciones económicas que ese cese definitivo pueda convertirse en una apertura", indicó Soria, según el cual "lo único que requeriría es un real decreto".

En la batalla sobre el futuro de la central nuclear de Garoña, la empresa propietaria de la planta, Nuclenor, formada por Endesa e Iberdrola, también se ha pronunciado. En una nota argumenta que el cierre no se debe a razones técnicas o de seguridad y que luchará por su reapertura. Así, asegura que conservará la plantilla de trabajadores y se mantendrá lista para volver a operar.

Es más, en las últimas horas, ha reiterado que la declaración de cese llega como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, cuya aplicación supone un aumento de los costes de la planta en más de un 30%.

Nuclenor recuerda que los indicadores de Garoña en los últimos cuatro años sitúan a la planta entre las mejores centrales nucleares del mundo de su tecnología, con un 94,78% de disponibilidad en 2012 y entre un 90 y 95% de factor de operación medio en la última década.

También señala que Garoña ha recibido evaluaciones positivas en cuanto a seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear español, pero también se ha sometido con éxito a seis evaluaciones de organizaciones internacionales en los últimos años.

Como garantía de su voluntad de mantener la central en condiciones óptimas de operación, Nuclenor ha recordado que en 2012 invirtió en la instalación más de siete millones de euros en proyectos exclusivamente destinados a la continuidad.

También entre los años 2009 y 2012, a pesar de tener un horizonte incierto, Nuclenor realizó inversiones por más de 50 millones de euros e incorporó a su plantilla a 25 nuevos profesionales.

Sin embargo, la planta, que es la más antigua de España y comenzó a funcionar en 1971, lleva parada y desenganchada de la red eléctrica desde diciembre de 2012 para evitar el pago de la nueva tasa sobre combustible irradiado, que supondría unos 153 millones de euros y haría la planta "inviable económicamente".

Para los grupos ecologistas, la planta está "cerrada de hecho", según afirma el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, que recuerda que cumplir los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear para que Garoña volviera a producir energía supondría no menos de 140 millones de euros de inversión.

El portavoz estatal de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, considera que la "razón real" que lleva a Nuclenor a no querer que Garoña vuelva a operar es que es una "central obsoleta" y ni siquiera con las inversiones a que obliga el Consejo de Seguridad Nuclear hay garantías de que no aparezcan nuevos problemas que obliguen a mayores inversiones o a un cierre definitivo. En este contexto, grupos ecologistas y antinucleares han convocado hoy la XXIV Marcha contra la central nuclear.