El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado de pagar los salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuyas empresas están en quiebra o concurso de acreedores, abonó en prestaciones 161,1 millones de euros en los dos primeros meses del año, lo que supone un incremento del 138% respecto a los pagos realizados en el mismo periodo de 2009 (67,8 millones), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Lo preocupante de esta involución es que el Fogasa ya rompió récords negativos en 2009, cuando destinó 833,7 millones a prestaciones, un 92,1% más que el año anterior. Esas cantidades se repartieron entre casi 175.000 trabajadores.

Pero la crisis económica no ha terminado, y la imagen congelada de enero-febrero es la mejor prueba de ello. Del total abonado hasta el mes pasado, 123,5 millones de euros correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia y otros 37,6 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos del 138% y del 104%, respectivamente, sobre igual periodo del pasado ejercicio.

Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.

Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.

Entre enero y febrero, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 12.727 empresas, un 79,7% más que en igual periodo de 2009, y a 31.321 trabajadores, un 77,4% más.

Cataluña y la Comunidad Valenciana, como es habitual, concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa durante los dos primeros meses del año. Así, en Cataluña el desembolso fue de 38,2 millones de euros, mientras en la Comunidad Valenciana se abonaron 29,3 millones en prestaciones.

Por detrás figuran País Vasco (19,9 millones de euros), Andalucía (15,6 millones), Madrid (10,04 millones), Castilla y León (8,2 millones), Aragón (8,05 millones), Galicia (6,3 millones), Murcia (4,4 millones), Castilla-La Mancha (3,5 millones), Asturias (3,4 millones), Canarias (3,2 millones), Cantabria (2,6 millones) y Navarra (2,4 millones).

A continuación, cerrando la tabla, se sitúan Baleares (2,2 millones), Extremadura (1,9 millones), La Rioja (1,1 millones de euros), y Ceuta y Melilla (26.300 euros).