La economía y la política estrechan sus lazos, hasta el punto de que los antagonistas en torno al principal problema político de España, el territorial, recurren a las finanzas para desarrollar su argumentario reivindicativo. Hace cuatro décadas, cuando la joven Constitución española ofreció el ilusionante reto del "Estado de las Autonomías" como alternativa al centralismo franquista, las comunidades autónomas controlaban una parte muy pequeña del presupuesto público de ingresos y gasto. El desequilibrio financiero vino después, cuando el gasto gestionado por las autonomías comenzó a crecer a medida que asumían competencias, mientras que la Administración central conservaba la mayor parte de los ingresos. La diferencia debía cubrirse con transferencias, pero las regiones con mayor capacidad fiscal comenzaron a quejarse. Si recaudamos más es porque nuestra gestión es más eficiente, decían, y debe ser recompensada.

Sorprendentemente para mí, algunos técnicos en la materia les daban la razón, pero todavía más sorprendente era la condescendencia con que algunos partidos políticos, como el PSOE y su federalismo asimétrico, interpretaban el planteamiento. Era como si la diferente capacidad de recaudación fuese ajena a los acusados desequilibrios regionales, cuya magnitud es recurrentemente denunciada por organismos internacionales, y a la fuerte concentración de la capacidad productiva en unos territorios.

De acuerdo con lo señalado, el problema político derivado del conflicto territorial en España es fruto de la deficiente gestión financiera del sistema autonómico, aunque otros opinan que ya estaba enquistado en las ocultas pretensiones soberanistas del nacionalismo vasco y catalán, que interpretó el hundimiento de las finanzas autonómicas durante la crisis como una oportunidad histórica para plantearlas abiertamente.

La deficiente arquitectura financiera del "estado de las autonomías" terminó por convertirse en fuente de tensión política de primer orden y amenaza con extender sus influencias sobre el conjunto de la economía. Me refiero a la irresponsabilidad con que, a los ojos del Banco de España y de cualquier observador neutral, el Gobierno pretende diluir en los Presupuestos Generales del Estado las conflictivas relaciones con el independentismo catalán.

Es una irresponsabilidad política que la insuficiencia financiera de las comunidades haya llegado a traducirse en un deterioro galopante de los servicios públicos fundamentales, pero sobre todo que desde las instancias centrales del Estado se insista en tratar como un problema de liquidez, lo que en realidad es un problema de diseño ineficiente del instrumento.

También es irresponsable la pretensión de presentar el déficit y el endeudamiento como un problema de naturaleza estrictamente política e ignorar sus consecuencias económicas. El ciclo de la deuda pronostica tiempos difíciles para una economía que debe tanto como produce en un año, que ha de pagar en torno a 30.000 millones de euros anuales por intereses (el déficit del sistema de pensiones está en 18.000 millones) y que en 2019 verá endurecerse las condiciones de financiación.