El Banco de España rebaja su estimación de crecimiento para 2018 en una décima (2,5%), mantiene la de 2019 (2,2%) y vuelve rebajar sus previsiones para 2020 (1,9%) y 2021 (1,7%). Son datos cercanos al consenso general de los observadores, incluido el propio Gobierno y la Unión Europea, que advierten de que la economía pierde fuelle, pero manteniendo un nivel de actividad todavía superior al de los países de nuestro entorno y compatible con la creación de empleo. También coincide con las estimaciones de la OCDE, desde donde apuntan que, si bien no hay señales de debilidad inminente, sí que existe un notable aumento de la temperatura en el cuadro de mandos de la economía. España registra la segunda mayor caída de toda la organización en su indicador compuesto avanzado mensual de coyuntura, que refleja para cada país la diferencia entre su posición coyuntural y la tendencial (99,4 y 100, respectivamente, en el caso de España en octubre). Se trata del valor más bajo desde finales de 2009 y sugiere que en estos momentos la economía española podría estar situándose ligeramente por debajo de su potencial.

Desde que a finales de los 90 los países aspirantes a participar en el euro tuvieron que afrontar el maratoniano esfuerzo de convergencia nominal establecido como requisito básico de entrada, tendemos a simplificar el cuadro de equilibrios macroeconómicos fundamentales con el que conforman la inflación, los tipos de cambio y de interés, y el déficit y el endeudamiento púbico. La responsabilidad de impedir que, una vez admitido al club, se dilapidase el enorme esfuerzo realizado en los tres primeros quedó en manos de un Banco Central Europeo independiente, pero el compromiso de mantener el equilibrio financiero en las cuentas públicas correspondía a los gobiernos, lo que obviamente generaba bastantes suspicacias. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue la primera iniciativa frustrada, a la que han seguido otras, para conseguir una gestión disciplinada de los recursos públicos, pero los resultados siempre han sido decepcionantes. Tras la crisis de 2008, España consiguió situarse entre los países más irresponsables de la Unión en términos de déficit y endeudamiento, y todavía se resiste a cumplir con sus compromisos frente a Europa. Este año tampoco cumplimos y el déficit equivaldrá al 2,7% del PIB, mientras que los intereses de una deuda cercana al 100% del PIB seguirán detrayendo durante algún tiempo alrededor de 30.000 millones de euros anuales, que es una cantidad que permitiría cubrir con solvencia el déficit de las pensiones y la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas.

Si el déficit fiscal es la expresión del desequilibrio financiero a corto plazo, los sistemas de pensiones y de financiación autonómica lo son del desequilibrio financiero a largo y todos ellos en su conjunto conforman el principal foco de tensión actual en la economía española, junto al paro. Precisamente porque aquí está el grueso de los problemas actuales de la economía española, resulta llamativa la resistencia del Gobierno a convocar elecciones, tras reconocer la insuficiencia de apoyos parlamentarios suficientes para afrontarlos.