El Gobierno ha detectado unas 2.700 normativas, el 30% de ellas estatales (810) y el 70% autonómicas (1.890), que afectan a 29 sectores económicos y contienen trabas a la unidad de mercado o barreras para el ejercicio de la actividad empresarial, por lo que deberían modificarse. En el caso de la legislación estatal, el Ejecutivo hará las modificaciones oportunas en el primer semestre de 2014, mientras que en el caso de las normas autonómicas, la revisión se hará en el marco de las conferencias sectoriales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que fija el calendario para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa que acompañará al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado el pasado mes de julio y que se encuentra en la recta final de su tramitación parlamentaria.

Inicialmente, se identificaron 6.500 normas que impactan en la actividad empresarial, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la conferencia de prensa posterior al Consejo, quien ha añadido que de éstas, 2.700 tienen un efecto "potencialmente perjudicial", por lo que es necesario hacer proceso de "limpieza burocrática".

Según ha informado el Ministerio de Economía, para la identificación de barreras a la unidad de mercado, el grupo de trabajo interministerial creado en julio de 2012 ha estudiado si las normativas entran en conflicto con la ley horizontal, entre sí o con el objetivo de unidad de mercado. Además, ha tenido en cuenta si los mismos actos quedan sujetos a normas diferentes y si las intervenciones administrativas son necesarias y proporcionadas, con el objetivo de simplificar y mejorar la calidad de la regulación. Una vez realizada la evaluación, se han identificado las normas que afectarían a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso o el ejercicio de las actividades económicas.

En el caso de las normas estatales, la modificación se llevará a cabo en el primer semestre de 2014 a partir de las indicaciones del propio grupo de trabajo, que aboga por la sustitución de autorizaciones administrativas por declaraciones responsables o simplificando requisitos, ha explicado Guindos. No obstante, muchas de estas normas ya están siendo modificadas a través del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales o la modificación prevista de la Ley de Bases de Régimen Local.

En cuanto a las normas de las CCAA, De Guindos ha explicado que su revisión se hará en el marco de las conferencias sectoriales que reúnen a los ejecutivos central y autonómicos. En algunos casos las normas regionales contienen provisiones contrarias a la Unidad de Mercado, mientras que en otros tienen aspectos divergentes, incoherentes o duplicidades. De Guindos confió en la colaboración por parte de las autonomías, ya que a su juicio existe un "ambiente positivo" y una "percepción general" de que se puede avanzar en la simplificación normativa.

Los departamentos ministeriales que han participado en el proceso de evaluación convocarán las correspondientes conferencias sectoriales -más de 25 u otros mecanismos o comités-, durante el primer trimestre de 2014 (o en el plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley). Estas conferencias podrán contar con la contribución de los operadores económicos. Por áreas, el 27% de las normas afectan a agricultura, alimentación y medio ambiente, el 21% a fomento (sobre todo a vivienda), el 20% a industria, energía y turismo y el 14% a sanidad. En los trabajos previos de identificación y evaluación normativa han trabajado más de 155 funcionarios de todos los ministerios.

Una vez se apruebe el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, las autonomías podrán acceder a una aplicación informática para realizar conjuntamente la evaluación de las diferentes normas. Asimismo, trabajarán de forma coordinada con el Gobierno para la preparación y el desarrollo de las conferencias sectoriales monográficas sobre unidad de mercado.