El ex presidente de Viajes Marsans y de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha presentado a la Audiencia Nacional un escrito en el que reconoce su responsabilidad en la apropiación de 4,4 millones de euros de clientes de la compañía, que abonaron sus viajes pero no los realizaron, y acepta una pena de dos años de prisión, aunque aún no hay acuerdo con la acusación. La defensa de Díaz Ferrán ha hecho llegar a la sección cuarta de lo penal, presidida por la jueza Teresa Palacios, un escrito en el que el que fuera jefe de la patronal española reconoce haber actuado como avalista en las decisiones adoptadas por la administración de Marsans y acepta una pena de dos años de prisión. 

Asimismo, el último director general de Marsans, Iván Losada, también ha reconocido en un escrito su responsabilidad durante la época en la que ocupó el cargo en la compañía a partir de junio de 2010, aunque ha matizado que se limitó a firmar los cuatro cheques con los que se pagaron las nóminas de diversas empresas propiedad del liquidador del grupo, Ángel de Cabo. En su escrito ha aceptado una condena de un año de prisión y una multa económica de 400.000 euros. 

Después de conocer los escritos de acusación, los letrados tanto de la acusación como de la defensa han renunciado a aportar más pruebas, aceptando únicamente las videoconferencias programadas así como la declaración de algunos afectados desplazados hasta Madrid para personarse en la vista. En su escrito de acusación inicial, el fiscal Daniel Campos pedía para el fundador de Marsans y el supuesto testaferro de Cabo, Iván Losada, cuatro años por apropiarse del dinero de Viajes Marsans entre 2009 y 2010, y utilizarlo para "otros fines ajenos", razón por la que los clientes no pudieron disfrutar del viaje abonado. 

El fiscal ha rebajado de cuatro a dos años la pena pedida para Díaz Ferrán después de que los escritos presentados por él y Losada. En el juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional, el fiscal Daniel Campos ha rebajado la pena a la mitad en vista de esos escritos, en los que admiten "su posible responsabilidad penal y civil", y ha defendido que "se ha demostrado que los hechos corresponden a un delito de apropiación indebida". Campos ha apuntado que Losada "no tenía capacidad de gestión en el grupo" durante el periodo en el que Marsans dejó de pagar a los mayoristas (2009-2010), lo que impidió a los clientes disfrutar de los viajes que habían contratado. Por ello, ha propuesto dos años de cárcel para Díaz Ferrán y una multa de diez euros diarios durante seis meses, y para Losada un año de prisión -también le pedía cuatro inicialmente- y una multa de seis euros diarios.

En su último alegato Díaz Ferrán ha reclamado "justicia" y ha reiterado, como en el primer día del juicio, que "nunca administró o gestionó Marsans" sino que se limitó a confiar en su socio Gonzalo Pascual (fallecido en 2012), algo de lo que "no me arrepiento ni me arrepentiré jamás". "Yo no decidí qué pagar o qué no pagar porque no conocía los contratos", ha dicho Díaz Ferrán, que ha añadido que "me extraña que las compañías aéreas no hayan reclamado el dinero que se les debe al concurso de acreedores de Viajes Marsans". Por su parte, en su escrito Losada ha matizado que, si bien acata las posibles consecuencias derivadas del fallo, en la época en la que fue director de la empresa -a partir de junio de 2010- se limitó a firmar los cuatro cheques con los que se autorizaban pagos a diversas empresas propiedad del liquidador del grupo, Ángel de Cabo.

El juicio no ha acabado con un acuerdo porque las acusaciones no han aceptado dicha conformidad. El abogado de una de ellas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ha reconocido que no hay pruebas directas de que Díaz Ferrán estuviera implicado en la gestión de Marsans entre abril y junio de 2010, aunque, según ha añadido, era "administrador solidario". La acusación de las compañías aéreas afectadas ha cargado especialmente contra Losada al considerar que hay suficientes pruebas que lo inculpan.

El abogado de Losada ha reconocido "no entender la inquina" contra su representado, que antes de tener responsabilidad en la gestión de la empresa ya "se opuso a la decisión de pagar las nóminas" con el dinero de los proveedores. Como en sesiones anteriores, ha señalado como principales responsables a Gonzalo Pascual y al antiguo director financiero de la compañía, Vicente Muñoz, llamado a declarar como testigo pero que finalmente no ha comparecido porque tras conocer los escritos de los acusados el fiscal ha retirado las pruebas pendientes. Sí ha declarado el antiguo responsable de atención al cliente de IATA en España, que se ha defendido de las acusaciones de Díaz Ferrán en el primer día de juicio y ha defendido que el cese en la emisión de billetes se debió "al impago del aval solicitado dos meses antes" tras una revisión de las condiciones, "no por el impago de las tarifas mensuales". El ex directivo de IATA ha respondido así a las palabras del ex presidente de la patronal, que acusó a la asociación de aerolíneas de "cargarse" una compañía que podría haberse salvado de no haberse acordado el cese de la emisión de billetes aéreos en abril de 2010.