La Policía ha detenido al ex presidente de la CEOE y cofundador de Marsans Gerardo Díaz Ferrán, al actual dueño del grupo turístico, Ángel de Cabo, y a su entorno por un presunto delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales a raíz de una denuncia presentada por varias empresas del sector. En el marco de la Operación Crucero, que continúa abierta, se ha detenido también a Iván Losada, ex director general de Marsans y mano derecha de De Cabo; a su cuñado, Teodoro Garrido, a su secretaria, Susana Mora, a dos supuestos testaferros, Rafael Toro y Antonio García Escribano, así como otras dos personas vinculadas al también dueño de Nueva Rumasa, Carmelo José Estéllez y José Pardo Manrique.

Díaz Ferrán, que ha sido detenido en su casa de Madrid, pasará a disposición judicial previsiblemente este martes. De Cabo, por su parte, lo hará en los próximos días, al igual que su entorno más cercano. La Policía ha encontrado en la casa de Díaz Ferrán 150.000 euros en metálico y un kilo de oro, mientras que en la de De Cabo se ha hallado un millón de euros.

La Dirección General de la Policía no descarta nuevos arrestos dentro de la investigación que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a consecuencia de la denuncia que presentaron en enero las empresas turísticas Meliá y Orizonia, representada por el despacho de abogados Ashurst, y a la que se sumaron AC Hoteles y Pullmantur. Estas compañías, que reclaman más de 45 millones a los antiguos dueños del grupo turístico y a De Cabo, denunciaron el impago de "varias decenas de millones" que Marsans les adeudaba y la ocultación de sus bienes para "aparentar una falsa y total insolvencia patrimonial y evitar cumplir con las obligaciones de pago que habían contraído, causando con dicha actuación un gravísimo perjuicio económico".

Dentro de este proceso, los denunciantes enmarcan la "supuesta venta" de Marsans que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual (fallecido en junio), cerraron con Posibilitum, controlada por De Cabo, justo antes de que el grupo fuese declarado en concurso de acreedores. Por ello, solicitaban el embargo de propiedades inmobiliarias en Nueva York, Toledo, México, Holanda y Portugal, un Rolls Royce Phantom -cuyo precio de venta ascendía a 500.000 euros y que fue traspasado a una sociedad vinculada a De Cabo-, sociedades o la posible indemnización que Argentina les podría pagar por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Entre esas operaciones de ocultación de bienes figura la de un chalet con una finca de 1.248 m2 en Calviá (Mallorca), que en teoría pertenecía a Díaz Ferrán y que salió de su dominio a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras, así como la enajenación de otra vivienda en el municipio balear.

Entre las operaciones potencialmente delictivas también destaca el cambio de control de los apartamentos que tenían en el Hotel Plaza de Nueva York dos sociedades de Díaz Ferrán y sobre los que la Audiencia Nacional no ha conseguido, de momento, más detalles. De acuerdo con la denuncia que Meliá, Horizonia, AC Hoteles, y Pullmantur, ambos apartamentos fueron adquiridos por la hija de Díaz Ferrán, Marta Díaz, en 2007 por 2,76 y 7,84 millones de dólares y se estaban intentando vender por 12,8 millones de euros (16,7 millones de dólares).

Por el momento, la Audiencia Nacional bloqueó en junio la venta de un yate de 27 metros de eslora que pertenecía a Díaz Ferrán y que pretendía exportar para evitar su embargo. En consecuencia, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que mantiene secreta esta causa, ha imputado a Díaz Ferrán y a De Cabo los delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Además, la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de una cuenta en Suiza con unos fondos por valor de 4,9 millones a nombre de Ángel de Cabo, que supuestamente provenían de una empresa irlandesa del grupo Marsans.

Díaz Ferrán se enfrenta también a varias querellas por su presunta mala gestión, entre ellas por un supuesto delito de apropiación indebida de 4,4 millones, así como a una petición de dos años y cuatro meses de prisión y el pago de una indemnización de 99 millones por un delito contra la Hacienda Pública en la compra de Aerolíneas Argentinas.