El Congreso ha convalidado con amplia mayoría la propuesta del Gobierno para que las corporaciones locales paguen a sus proveedores, una norma que extenderá a las comunidades y en la que se establece un préstamo de unos 35.000 millones a diez años, con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%. El real decreto-ley por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y que no se tramitará como proyecto de ley, ha recibido 301 votos a favor, 14 en contra (Izquierda Plural, Geroa Bai y BNG) y 6 abstenciones (PNV y ERC).

Durante su intervención, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto-ley que completará el relativo al pago a proveedores por parte de las comunidades y los ayuntamientos para aclarar el mecanismo de ejecución de esas deudas. El plan, que ya ha recibido el visto bueno de los ayuntamientos y de las comunidades, prevé que los proveedores empiecen a cobrar sus facturas a partir de mayo y que se haga mas en función de la antigüedad que de posibles quitas negociadas.

Los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo las facturas pendientes con sus proveedores, aunque para poder pagar, tendrán que presentar antes del 31 de marzo un plan de viabilidad. La norma, que se hará extensible a las comunidades autónomas (que empezarán a pagar a sus proveedores previsiblemente a partir del 15 de mayo), contará con una línea de crédito de unos 35.000 millones de euros, de los que 20.000 millones serán para los ayuntamientos y el resto para las comunidades.

Durante el debate, Gaspar Zarrías del PSOE se ha mostrado a favor del decreto por responsabilidad y para que los proveedores cobren, aunque ha pedido que se garantice el cobro a los subcontratistas "que a veces lo pasan peor". También ha dicho que no es razonable que se aplique un interés superior al 5% en la línea de crédito, por lo que ha defendido que ronde el 3% como mucho. Desde CiU, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que el texto convalidado es "un mecanismo importante y potente" de lucha contra la morosidad de las administraciones públicas y ha estimado que una vez se haga efectivo se podrán salvar muchos puestos de trabajo y se evitarán la quiebra de muchas pymes. Pese a ello, ha pedido que no se vulneren las competencias de las corporaciones locales, y que exista coordinación entre las comunidades y la administración en este asunto.

Por parte de ERC, Teresa Jordá ha indicado que es inadmisible que se les exija equilibrio a las entidades locales cuando están pagando servicios que por ley "no les toca", mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha justificado su abstención por el hecho de que se olvida de la existencia del País Vasco y Navarra y su titularidad en materia de tutela municipal. El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha dicho que su partido apoya el decreto por entender que es positivo al desbloquear una situación "enquistada", al dar liquidez a las empresas y por el hecho de que las compañías cobren directamente de los bancos. Alberto Garzón, de Izquierda Plural, ha criticado que se olvide ahora la norma que habilitaba al ICO para financiar a los ayuntamientos con este plan diferente que va a suponer un negocio para los bancos.