El Colegio de Economistas de Sevilla ha criticado este lunes los efectos negativos que tendrá para la economía del país el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 expansivo en el gasto público, con medidas sociales como el bono cultural, las ayudas por hijo, la gratuidad del Cercanías y Media Distancia . El decano Francisco J. Tato Jiménez ha calificado los gastos sociales previstos en las cuentas estatales de "política inflacionista contraria a las medidas de control de la inflación" que necesitamos en este momento. Así ha respondido a preguntas de la prensa durante la presentación del 14º Barómetro Económico de Sevilla y provincia por parte el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, en colaboración con la Universidad Loyola Andalucía y con el patrocinio de Caja Rural del Sur.     

El colegiado colegiado y catedrático de Economía de Loyola, Manuel Alejandro Cardenete, comparte también que "no era momento" de expandir este gasto público de los PGE de 2023 porque va a producir un efecto negativo al estar basado en medidas "poco productivas y eficientes" para la economía real "que van a crear un agujero público que al final habrá que financiar". Cardenete recalca que ya se comprobó hace años que medidas similares de gasto público, como el cheque bebé o el Plan E (obras públicas), "no sirvieron" para mejorar la economía. "Se va a repetir algo que no funcionó", lamentó el economista, quien lamenta que ha pesado mucho el periodo electoral actual.

El experto añade que los presupuestos estatales van a suponer "más déficit público y más emisión de deuda que lastrará más la economía". Y señaló, además, se basan en "previsiones de crecimiento irreal".   

Reducir la presión fiscal es la clave

Cardenete, que ha sido ex consejero y viceconsejero de la Junta en el primer mandato de Juanma Moreno, reiteró que lo más eficaz para el país habría sido "reducir la presión fiscal a las clases medidas que soportan el 60% de la carga fiscal".

El decano del Colegio de Economistas de Sevilla abundó también en la necesidad de deflactar el IRPF en relación al IPC, es decir, adaptar el Impuesto de la Renta (IRPF) al IPC actual, que se sitúa en el 9%. "La deflactación del IRPF en relación al IPC debería ser obligatorio por ley", señaló Tato Jiménez,  quien explicó que la ley debe garantizar que se contribuya en función de la capacidad de renta, no de la capacidad nominal.    

En opinión de Cardenete, "el Gobierno ha perdido una oportunidad histórica" de deflactar el IRPF a las rentas de 21.000 a 45.000 y a 60.000 euros, y cree que debería haberlo hecho teniendo en cuenta la elevada recaudación que ha tenido el Estado.