No hubo marcha atrás. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el martes el decreto de medidas fiscales para la reducción del déficit público. Entre otras medidas, el texto estipula que el 1 de enero entrará en vigor en Andalucía el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, que supondrá el pago de cinco céntimos por cada bolsa, y de diez céntimos a partir del 1 de enero de 2012. Andalucía se convierte así en la primera, y por ahora única comunidad en instaurar un gravamen que genera un notorio rechazo en el comercio andaluz. Esta acogida negativa quedó patente hace apenas un mes en la última reunión de la Comisión de Comercio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Y no sólo suscita rechazo, sino también dudas jurídicas. En noviembre de 2008, la Generalitat de Cataluña anunció su intención de gravar las bolsas de plástico de un solo uso aludiendo a razones medioambientales.

La patronal empresarial catalana Foment del Treball consiguió finalmente que la Generalitat desistiera. Una de sus principales armas fue un informe del catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Barcelona Lluís M. Alonso, que concluía que "los riesgos de inconstitucionalidad son elevados" y que puede ser perfectamente aplicable al caso andaluz.

El informe analiza las tres posibles vías para aplicar un impuesto: sobre la fabricación de las bolsas, sobre su comercialización o sobre su consumo. El experto rechaza el gravamen sobre la fabricación porque "chocaría con la libertad de mercado. Y desde el punto de vista de la eficacia, el resultado sería muy pobre, porque sólo se sometería a las empresas establecidas en el territorio catalán, que no son todas las que operan en el mercado".

Un impuesto a la comercialización, que es la vía elegida por la Junta, obligaría al comerciante a su pago "aunque es de suponer que con obligación jurídica de repercutir la cuota en el consumidor". Además, el catedrático recuerda que la bolsa "ya es la base de un gravamen que asume el sector comercial a través de la aportación económica a los sistemas integrados de gestión de residuos". "Sería un caso único dentro de los instrumentos económicos en los que se incide dos veces en la misma cadena y, además, en el mismo sujeto", manifiesta Alonso, que tilda la medida de excesiva y desproporcionada.

Si el impuesto recae sobre el consumidor, el comerciante "podría ser obligado al pago del impuesto si éste (el consumidor) no llegara a satisfacerlo, situación a todas luces desproporcionada, puesto que la carga recaería sobre un único operador, en una cadena de valor compleja en la que participan varios agentes".

También pone objeciones al importe del impuesto, que llegaba a 20 céntimos en la propuesta catalana. "Una bolsa puede costarle a un establecimiento unos 2 ó 3 céntimos (...). No basta con alegar el perjuicio ambiental y el coste que supone en términos económicos para sustentar una cuota diez veces superior a la base", constata Alonso, que concluye que "es posible persistir en el instrumento fiscal porque los riesgos de inconstitucionalidad son elevados".

La patronal catalana también presentó otro informe firmado por Alba Cabañas, en el que expuso que los más perjudicados por un impuesto universal serían los que acuden habitualmente al supermercado, pensionistas y familias, "los más vulnerables en términos socioeconómicos". Ante estos argumentos, la Generalitat reculó y optó por rubricar en agosto de 2009 el llamado Pacto por la bolsa con las principales organizaciones del sector, en el que estableció un objetivo de reducción de consumo pero dejó libertad a los comercios para elegir el método. Este acuerdo, idéntico al que se acaba de firmar en Extremadura, fue presentado infructuosamente en marzo a la Junta por el sector comercial andaluz, que teme ahora un nuevo varapalo a sus cuentas cuando acaba de digerir la subida del IVA.