La Universidad sigue sin vender sus conocimientos a las empresas. Aunque se han dado pasos en los últimos años, la transferencia tecnológica brilla por su ausencia en Andalucía. Esta situación resta competitividad al tejido empresarial y, sobre todo, ingresos derivados de la comercialización de las patentes desarrolladas por los grupos de investigación universitarios.

Consciente de ello, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha rescatado del olvido, dentro de su programa PatenCTA, 131 patentes "perdidas y diseminadas por las Universidades", que tienen potencial para ser lanzadas al mercado. De éstas, 20 ya han despertado interés en las empresas, e incluso una de ellas ha cuajado en un proyecto de I+D+i. Los sectores principales de los que proceden son la biotecnología -aplicada tanto a medicamentos como a agricultura-, la energía y el medio ambiente.

"No se trata de mercantilizar la Universidad, sino de favorecer la transferencia de conocimiento a las empresas y a la sociedad, ya que hoy por hoy, aquélla no tiene actitud de acercamiento a la demanda", explica el presidente de CTA, Joaquín Moya-Angeler. "La investigación universitaria es más barata que la privada y muy buena, pero no hay gente capaz de comercializarla", dijo el directivo, haciendo una dura crítica a la labor de las OTRIS (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) andaluzas. Moya-Angeler subrayó que "hay mucha demanda que no acude a la Universidad porque no sabe lo que se hace aquí" y que el 80% de los que tienen alguna experiencia en transferencia tecnológica "están muy satisfechos". A su juicio, lo que ocurre, más allá del desconocimiento, es que el sistema potencia la publicación de artículos por parte de los investigadores, pero no la aplicación de sus innovaciones a la vida real. "Hay que intentar que la colaboración con empresas sirva para que aquéllos también sumen méritos y progresen en sus carreras", añadió.

Por otra parte, el presidente de CTA hizo hincapié en la intención de la fundación de caminar hacia la autofinanciación. De momento, el 40% de sus recursos son públicos -desde el 50% en el arranque de la entidad en 2005- y el 60% privados. "Estimo que, dentro de cuatro años, la Junta habrá recuperado todo el dinero que ha puesto en este proyecto, dado que ya ha ingresado la mitad", vaticinó.

No será hasta 2020, año en el que inicialmente estaba prevista su caducidad, cuando la CTA decida su futuro. "Si la fundación sigue adelante, habrá que ver qué aportaciones adicionales tendrán que hacer los socios, aunque imagino que no muchas, puesto que habrá disponibles 180 millones de euros", explicó Moya-Angeler. Esta cantidad procederá de las devoluciones de los incentivos dados a las empresas. Cuando la CTA concede una ayuda para proyectos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), el 25% de la misma es a fondo perdido, pero el 75% restante debe ser devuelto en un plazo de 13 años.