Economía

El CSIF pide que la legislación garantice la indemnización de los trabajadores interinos

  • La organización sindical defiende la "urgencia" de la ley para evitar el colapso de los tribunales

El presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, afirmó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reconoce una indemnización por cese a una trabajadora interina del Ministerio de Defensa como si fuera fija es "pionera". Además, el dirigente sindical defendió que, para evitar el colapso de los tribunales, es muy importante abordar de manera "urgente" por la vía legislativa este asunto.

La sentencia del TSJM destaca la desprotección del personal interino y el abuso que todas las administraciones públicas hacen de la contratación temporal. En esta línea, Borra destacó que, desde que se produjo esta sentencia, su organización ya ha recibido centenares de preguntas de empleados públicos que podrían estar afectados por esta misma situación.

El sindicato apuntó que, a su juicio, la sentencia se refiere al conjunto de los empleados públicos cuya relación es temporal, sea cual sea el contrato. Borra recalcó que el Ministerio de Hacienda tiene mucho que decir, puesto que han pasado "muchísimos" años sin emitirse una oferta pública de empleo "realista" y sin que se diera respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Según cálculos del CSIF a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el conjunto de las administraciones públicas hay cerca de 276.800 personas que ocupan un puesto temporal para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La interinidad es por tanto cercana al 11%, aunque en algunos sectores como la educación, la sanidad o la justicia alcanza el 20%. La contratación de interinos se ha disparado en los últimos tres años, con 81.400 personas más en esta situación respecto al segundo trimestre de 2013.

Borra recordó que cualquier empleado sujeto al Estatuto de los Trabajadores puede reclamar si no ha pasado más de un año desde el despido. Mientras que los funcionarios y estatutarios, es decir todos los trabajadores que prestan su servicio en el Sistema Nacional de Salud, disponen de hasta cuatro años para presentar su demanda.

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