La Comisión Europea dio ayer un paso más en el proceso de infracción contra España y otros 14 países de la Unión Europea por no haber incluido en sus legislaciones nacionales una o más de las nuevas normas sobre contratación pública y concesiones.

Bruselas ha enviado una petición formal para que transpongan estas leyes a España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Suecia.

El Gobierno español deberá responder en el plazo de dos meses para explicar qué medidas ha tomado para ajustar la legislación nacional con la comunitaria, algo que debería haber hecho en abril. Si tras estudiar las respuestas la Comisión concluye que no están cumpliendo con sus obligaciones, puede demandarles frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión dio ayer el segundo paso en el procedimiento de infracción que abrió en mayo a 21 países. Las alegaciones de República Checa, Grecia, Malta, Holanda, Polonia y Rumanía permitieron cerrar sus expedientes.

Las nuevas directrices europeas que debe adoptar España están dirigidas a hacer la contratación pública más eficiente en Europa, con normas más inteligentes y procedimientos electrónicos, que podrían llegar a ahorrar a los países hasta 100.000 millones de euros al año, según la CE. Pretenden también hacer más fácil a las pequeñas y medianas empresas competir por conseguir contratos públicos, y aumentar la transparencia para combatir mejor la corrupción.

España debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y una elevada competencia.