Bruselas quiere que las comunidades autónomas españolas no incrementen su gasto más de lo que crezca su PIB. La Comisión Europea quiere que se cumplan los objetivos de déficit, y para lograrlo ha pedido al Gobierno español que aplique ese límite tanto a nivel nacional como autonómico. Además, la Comisión Europea ha pedido a España que reduzca las cotizaciones sociales y aumente el IVA y los impuestos sobre la energía. Pero esto último a Elena Salgado no le parece una buena idea, porque "en este momento" hay que estimular el consumo. Según ha pedido la CE al Gobierno español, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas debe establecerse una regla que limite el aumento del gasto por debajo del crecimiento del PIB. 

El Gobierno debe además adoptar más medidas de ajuste fiscal. Así, la Comisión Europea recomienda a España que adopte ajustes en 2011 y 2012 si las previsiones económicas del Gobierno no se cumplen, para garantizar que se respeten los objetivos de déficit. De hecho, Bruselas no confía en los datos de crecimiento que maneja el Gobierno para 2011 y 2012, que considera "demasiado favorables". 

Otra de las medidas que ha pedido la Comisión Europea al Gobierno es que durante el próximo año reduzca las cotizaciones sociales de los trabajadores para disminuir los costes salariales, y que compense la reducción de ingresos con aumentos del IVA y de los impuestos sobre la energía. Estas son algunas de las peticiones que están incluidas en las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario ha dirigido a España para la elaboración de los presupuestos y el plan de reformas para 2012. Con esas medidas, que los líderes europeos aprobarán en la cumbre de los días 23 y 24 de junio, la UE busca mejorar la coordinación económica entre los Gobiernos y prevenir futuras crisis. 

La rebaja de las cotizaciones sociales responde a que España ha registrado "un fuerte incremento" de los costes laborales unitarios desde finales de los 90. Esta medida se ha traducido en más inflación y una pérdida de competitividad. "Encontrar margen para reducir el nivel relativamente alto de las contribuciones sociales con el objetivo de bajar los costes laborales no salariales ayudaría a impulsar la competitividad", explica Bruselas, que defiende, para compensar la pérdida de ingresos, aumentar "los impuestos sobre la energía, especialmente los impuestos sobre los carburantes", que "son relativamente bajos en España y podrían ser una forma de compensar los ingresos". Además, y también para aumentar los ingresos, propone "modificar la estructura y los tipos del IVA". 

No se queda ahí la Comisión Europea. Además de todas estas medidas, el Ejecutivo comunitario pide también a España que evalúe el impacto de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2010. Si los resultados son negativos, le pide que haga más reformas en el mercado de trabajo para reducir la temporalidad y mejorar el acceso de los jóvenes. 

A la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en cambio, no le ha parecido una buena idea subir el IVA para compensar una rebaja de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios. Una medida de ese tipo sería negativa, al menos en su opinión, porque lo que necesita la economía española ahora es fomentar el consumo, y un aumento del IVA no lo permitiría. En su opinión, "no es razonable" lo que ha pedido la Comisión Europea, porque "en este momento" hay que estimular el consumo. "No creemos que es lo que tenemos que hacer", ha insistido la titular de Economía. 

Además, podría estar en riesgo incluso el sistema español de pensiones. "No nos parece razonable una reducción de cotizaciones sociales, porque sirven para pagar futuras pensiones", ha explicado Salgado, que ha descartado que España vaya a seguir a "corto plazo" estas recomendaciones del Ejecutivo comunitario. Además, la titular de Economía ha insinuado que la Comisión Europea cambiará de opinión "dentro de unas cuantas legislaturas, cuando todas las reformas estén produciendo efectos". Entonces, "será ocasión para ver qué dice la UE", ha explicado. Salgado ha recordado que el Gobierno decidió subir el IVA el pasado julio de 2010, y ha explicado que un sistema como el de Dinamarca, que tiene un IVA del 25 por ciento con el que financia "buena parte" de las cotizaciones sociales "no es el esquema que tenemos en España". 

La Comisión Europea no se cree las previsiones del Gobierno

En cuanto al crecimento del PIB español, la Comisión Europea no se cree las previsiones del Ejecutivo. En opinión de Bruselas, la economía española crecerá este año únicamente un 0,8 por ciento, y un 1,5 por ciento en 2012, frente al 1,3 por ciento y 2,3 por ciento que pronostica el Gobierno. Bruselas ha pronosticado que el déficit español se situará este año en el 6,3 por ciento, tres décimas por encima del objetivo, y en el 5,3 por ciento en 2012, cai un punto por encima del 4,4 por ciento al que se ha comprometido el Gobierno. 

El Ejecutivo comunitario habla también de pensiones. Bruselas solicita la aprobación final de la reforma que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, y una cláusula de revisión para ajustar "regularmente" la edad de jubilación a la esperanza de vida. 

La Comisión Europea se refiere asimismo las cajas de ahorro. En sus recomendaciones, pide "reforzar la reestructuración en marcha del sector de las cajas de ahorro, afrontando los puntos débiles que quedan en su estructura de gobierno". "Los problemas creados por el papel de las autoridades locales en el gobierno de las cajas de ahorro no se han resuelto completamente", explica. "La consolidación de las cajas de ahorro a través de fusiones frías ha dado lugar a algunas incertidumbres en lo que se refiere a la efectiva reorganización y reducción del tamaño de las entidades", señala la Comisión Europea, que recuerda que España se ha comprometido a culminar la reforma del sector financiero en septiembre. 

Finalmente, el Ejecutivo comunitario solicita a España eliminar las actuales trabas a la competencia en los servicios profesionales, aplicar las medidas contempladas en la ley de economía sostenible para reducir las cargas administrativas a las empresas y aumentar la competencia, mejorar la coordinación entre el Gobierno central y los autonómicos para recortar la burocracia y aplicar las medidas previstas para reducir el abandono escolar.