La Comisión Europea (CE) investigará si las administraciones públicas españolas respetan los plazos de pago de facturas recogidos en las normas europeas de control de la morosidad. "La Comisión tiene la intención de investigar si, en la práctica, se respetan los plazos establecidos por ley", afirma el Ejecutivo comunitario en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Convergència Ramón Tremosa.

En su pregunta, Tremosa planteó que la metodología de cálculo de plazo medio de pago de las administraciones desarrollada por el Gobierno español en 2014 "retrasa en 30 días la fecha de inicio del cómputo" y "permite alargar sine die el período de certificación de las facturas".

En su respuesta, la CE dice que "no tiene intención de requerir al Gobierno español cambios en este ámbito" aunque "está investigando la conformidad" de la legislación española con la directiva sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La directiva europea sobre morosidad, que entró en vigor en 2013, establece que el plazo de pago de las facturas por parte de poderes públicos a empresas que les hayan suministrado bienes o prestado servicios no debe superar los treinta días "salvo acuerdo expreso" recogido en el contrato y "siempre que esté objetivamente justificado".

El plazo no debe superar "en ningún caso" los sesenta días naturales.

Según los últimos datos disponibles en el Ministerio español de Hacienda, relativos al mes de mayo, las comunidades autónomas tardan una media de 43 días en pagar a sus proveedores.