Economía

La BBK sale del banco andaluz

  • Cajasur vende su parte del BEF por 20,4 millones · Unicaja no consigue cerrar con Ibercaja en enero, ni con Caja España-Duero en febrero · Las castellanoleonesas pueden acabar en el mismo grupo que Granada

PARECÍA que en esta ocasión se iba a entonar el refrán de que a la tercera va la vencida. Pero el final puede ser otro: no hay dos sin tres. Tras los fiascos de las fusiones de Unicaja con Caja Castilla-La Mancha en 2009 o con Cajasur en 2010, la entidad financiera con sede en Málaga había llegado a un acuerdo básico para fusionarse con el grupo Espiga, formado por Caja España y Caja Duero. Eso fue antes del día 18 de febrero y tenía el plácet del Banco de España, pero por alguna razón táctica las dos partes decidieron esperar al nuevo decreto del Gobierno sobre capitalización de las cajas. Ese decreto no cambió la situación de las cajas castellanoleonesas y cuando se iba a rematar la operación, se rompió al reclamar el presidente de Unicaja que la sede estuviese en Málaga.

Espiga cambió entonces de pretendiente y dedicó con intensidad sábado, domingo, lunes y martes a arreglarse con el Banco Mare Nostrum, o sea el BMN como le llaman en Cajagranada, uno de sus cuatro socios a día de hoy. El BMN está liderado con Carlos Egea, presidente de Caja Murcia y secretario de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. La opción de una alianza con el BMN es la preferida de las cajas castellanas. Y en la entidad presidida por Antonio Jara gusta la idea de convertir su conglomerado en la cuarta caja de España por volumen.

Las conversaciones de Unicaja con Caja España y Caja Duero han durado más de tres semanas. Había acuerdo para que en el banco resultante Unicaja tuviese el 65% y Espiga el 35. También estaba pactado que el presidente fuese Braulio Medel y un punto más impreciso relativo a que la gestión recaería mucho en Espiga, se entiende que en el presidente del SIP de Caja España y Caja Duero, Evaristo del Canto. El asunto de la sede no parece insalvable desde fuera, pero ya fue objeto de disputa cuando las dos cajas castellanoleonesas se fusionaron entre sí; entonces se convino que la sede social estuviese en León y la sede ejecutiva en Salamanca.

Previamente a este cortejo con las Caja España-Duero, Unicaja tuvo algo más que palabras con Ibercaja. Ambas habían apalabrado una fusión entre iguales, al 50%, con dos copresidentes Amado y Medel, dicho sea por orden alfabético. Ambos tendrían idénticas fusiones. Esos escarceos tuvieron lugar inmediatamente antes de Navidad. Pero cuando después de las fiestas Medel envió una nota a su colega con las funciones que se reservaba, en Zaragoza llegaron a la conclusión de que ambas partes de interpretaban de la misma manera una fusión paritaria.

En la mayor discreción, BBK va reestructurando el negocio bancario de Cajasur, en especial en las provincias de Córdoba y Jaén. Pero en este momento la prioridad de la compañía vasca es intentar llevar a cabo su ajuste de plantilla. Las prejubilaciones previstas van a buen ritmo, pero no ocurre lo mismo con las bajas incentivadas.

Entre tanto, la entidad presidida por Mario Fernández ha llegado a un acuerdo con Unicaja, Cajasol y Cajagranada para venderles su 16,5% del Banco Europeo de Finanzas Banco Andaluz, que es el banco que crearon hace cuatro años las cajas andaluzas con una ficha bancaria que pertenecía a Unicaja. El precio de venta es de 20,4 millones de euros, un 3% más de lo que desembolsó Cajasur en el arranque de esta entidad.

La economía regional no está para muchas alegrías. Un crecimiento de 0,1% en el último trimestre de 2010, que rompía una racha de ocho trimestres negativos, no es para estar optimistas. Esta semana la vicepresidenta Salgado ha informado que nueve comunidades autónomas se han saltado el tope de 2,7% del PIB de déficit impuesto por el Gobierno. La mejor de estos malos alumnos ha sido Andalucía, que lo incumple por sólo dos o tres décimas.

Esto, según el Gobierno, porque la consejera Carmen Martínez Aguayo todavía espera cerrar el balance del año por debajo de la cifra permitida. La deuda acumulada de Andalucía a 30 de septiembre era de 11.384 millones de euros, un 7,9% del PIB según los datos de la Junta. El año puede haber terminado con un aumento de al menos 1.000 millones más, lo que significaría haber empezado 2011 con una deuda total de unos 12.500 millones.

Manuel Pimentel ha sido noticia esta semana, por partida doble. Primero por su laudo de obligado cumplimiento sobre el convenio colectivo de Aena con los controladores, que debe poner fin a un viciado contencioso. Cuarenta y cinco días de intensa actividad para el ex ministro de Trabajo, que ha contado con el asesoramiento de un alto funcionario experto en negociación colectiva, Alfonso Morón, inspector de Trabajo. Los abogados de las dos partes en litigio han sido consultados y también destacadas figuras jurídicas de España, Suiza, Alemania y el Reino Unido. La voluntad del árbitro era anclar su laudo en el contexto europeo, de ahí las consultas internacionales.

La participación de los abogados de Aena y los controladores ha permitido ir desbrozando parte del camino. Para el método de trabajo se ha utilizado un código cromático. Todo lo acordado era verde, los desacuerdos eran rojos y aquello en lo que era posible el entendimiento se ponía marrón. Cuando ambas partes consensuaban un capítulo marrón pasaba a verde en el dossier final. Aunque el encargo fue hecho por las dos partes, el trabajo realizado lo pagará Aena. Normalmente una minuta de este tipo puede remunerarse en una horquilla que iría del 0,5 al 1% de la masa salarial. En este caso estará en torno al 0,04 o el 0,05%. Si se calculan los ingresos medios de los 2.400 controladores, una simple operación nos daría entre 200.000 y 250.000 euros como minuta de Pimentel.

Además de la importancia del laudo para la estabilidad del tráfico aéreo español, este procedimiento puede servir de referencia para la normativa nacional en la materia. La CEOE y los sindicatos CCOO y UGT intentan pactar antes del día 19 un acuerdo sobre negociación colectiva, en el que se pueden introducir algunas cláusulas sobre arbitraje, que incorporarían los laudos voluntarios u obligatorios en caso de convenios que se alarguen. Por ejemplo, estableciendo un límite de un año o año y medio desde el final de la vigencia de un convenio para que entre en funcionamiento un sistema de arbitraje. Esta es una tendencia internacional, más propia del derecho transaccional anglosajón, que puede empezar a abrirse paso en España.

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