La Asociación Profesional de Administradores Concursales en España (Aspac) cree que el caso Abengoa, en preconcurso de acreedores, puede poner de manifiesto las incoherencias de las últimas reformas legislativas en materia concursal.

En una entrevista con Efe, el vocal de la Junta Directiva de Aspac, Aticus Ocaña, explica que los límites a la retribución del administrador concursal que se establecieron con la última reforma de la ley concursal han quedado en entredicho ante la magnitud de una eventual insolvencia de la firma sevillana.

La reforma fijó que los honorarios de la Administración Concursal no podrían superar en ningún caso la menor de dos cantidades: 1,5 millones de euros (ampliable a 2,25 millones) o el 4% de la masa activa. "Teniendo en cuenta que el tamaño de un eventual concurso de Abengoa, el tiempo, la responsabilidad, y los enormes recursos técnicos y humanos que habría que dedicarle a la gestión hacen que haya que estudiar muy bien su posible rentabilidad".

"Y el hecho de que haya que estar cuestionándose si el concurso más grande de la historia de España pueda o no ser rentable para su administrador concursal ya nos indica que algo falla", añade.

Ocaña señala la incongruencia de que en estos meses de preconcurso empresa y banca acreedora hayan contratado y pagado a las firmas que han considerado para evaluar la situación y buscar soluciones y que esto no se pueda hacer para abordar el proceso de concurso. "Se obstaculiza la profesionalización de la profesión, los despachos tienen esta actividad como algo residual", critica Ocaña, quien subraya que para contar con un sector especializado y competente en insolvencias hay que hacer que estos procesos resulten rentables.