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Agricultura Los agricultores exigen a la Junta que paralice su tramitación

Asaja acude a Pérez Royo para dar la batalla contra la Ley de Aguas

  • Un dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional advierte de "problemas de arbitrariedad e inconstitucionalidad " en el anteproyecto de la Junta

Asaja-Andalucía promete "una larga batalla legal en la que todos saldremos perdiendo" si la Junta de Andalucía no modifica el borrador de la Ley de Aguas, calificado por el presidente de la organización, Ricardo Serra, de "intervencionista rayando en la planificación estalinista". Para armarse de razón, los agricultores han recurrido al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, "una opinión independiente, con un punto de vista muchas veces cercano a la propia Junta de Andalucía", en palabras de Serra. El dictamen del jurista concluye que el anteproyecto "presenta problemas de inconstitucionalidad en algunos puntos", "una redacción deficiente" y "defectos de técnica legislativa que sería muy conveniente corregir, para evitar dudas y oscuridades en la interpretación de sus artículos".

Uno de los aspectos que critica Pérez Royo por su vaguedad y posible inconstitucionalidad es el orden de preferencia de usos de agua establecido en el artículo 24. En la norma estatal, el regadío y los usos agrarios se sitúan expresamente en segundo lugar de preferencia tras el consumo humano. En el texto que andaluz, la agricultura se encuadra dentro del epígrafe Usos no urbanos en actividades económicas y usos urbanos en actividades económicas de alto consumo. Según el catedrático, "se vulnera la competencia del Estado acerca de la legislación básica sobre concesiones administrativas prevista en el artículo 149.1.18 de la Constitución".

A juicio del experto, varios puntos del régimen sancionador vulnerarían el derecho constitucional a la legalidad sancionadora por su falta de concreción. "Se basan en un razonamiento circular y resultan extremadamente imprecisos. A todo ello se une el hecho de que tales artículos [...] dejen abierto un campo ilimitado e imprevisible para la tipificación de infracciones".

Asimismo, el anteproyecto limita la duración máxima de las concesiones de riego a 20 años, cuando la ley estatal establece un plazo de hasta 75. "Supone un perjuicio para los titulares de explotaciones agrícolas de regadío, que los coloca en peores condiciones de partida para competir con los productores del resto del Estado", indica Pérez Royo, que subraya que "el anteproyecto manifiesta una actitud de recelo hacia la actividad agraria".

El objetivo de la Junta es que la ley, tramitada mediante el procedimiento de urgencia, entre en vigor este mismo año. El anteproyecto está a la espera del dictamen del Consejo Consultivo, paso previo para que el Consejo de Gobierno lo envíe al Parlamento para su discusión y aprobación definitiva.

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