Las empresas e instituciones españolas apostaron el año pasado por proteger sus invenciones con la patente europea, aunque las cifras aún son débiles. A pesar de la oposición del Gobierno a este sistema por no aceptar el castellano como una lengua oficial, los investigadores españoles recurrieron a la patente unitaria europea para defender sus innovaciones. Así, a nivel nacional el número de solicitudes aumentó un 3,8% en 2015, hasta 1.527, revirtiendo la tendencia negativa de los dos años anteriores, según el informe anual de la OEP (Oficina Europea de Patentes).

Andalucía registró un impulso mayor, del 6,7%, aunque en términos absolutos el salto no fue tan notable: de 90 a 96 peticiones. Ocupó el quinto lugar por comunidades, por detrás de Cataluña (515), Madrid (360), País Vasco (199) y Valencia (97).