La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recordó ayer que ha cumplido "siempre de manera escrupulosa" con la Ley del Deporte y acusó al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, de no decir "la verdad" en la polémica que los enfrenta con "el ánimo de perjudicar gravemente" la imagen de la entidad y "del fútbol español".

En un extenso comunicado, la RFEF apuntó que "ha cumplido siempre con la Ley del Deporte 10/90 de manera escrupulosa y que sus cuentas han sido debidamente revisadas por los auditores enviados por el CSD", subrayando que éste recibió "toda la documentación solicitada" y tuvo "libre acceso" a toda la información.

La RFEF remarca que cuenta con la firma de la "empresa BDO", la cual "certificó, textualmente" que las cuentas de ese año expresaban "en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la entidad a 31 de diciembre de 2013, "así como la liquidación del presupuesto y correcta justificación de la subvención de acuerdo con la normativa vigente en materia de subvenciones públicas".

En este sentido, la Federación advierte que en relación a esa empresa le "surgen algunas dudas en relación a su cercanía con la presidencia del CSD" y hace constar que el dinero público recibido "tiene destino finalista", avalado por contar con "todas las certificaciones de uso".

"El 17 de noviembre de 2014, el Subdirector General de Inspección del CSD envió a la RFEF dos ejemplares de ese informe de auditoría del ejercicio 2013, lo que pone de manifiesto que las cuentas están auditadas", prosigue la RFEF, que indica que encargó otra auditoría a Gescontrol con fecha 11 de abril de 2014, que ratifica la anterior y remarca la "correcta justificación de la subvención" de acuerdo con la normativa vigente y, "en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo y con las normas y criterios de liquidación del presupuesto requeridos por el CSD".

El organismo que preside Ángel María Villar asegura que cumplió con la "obligación" de presentar sus cuentas en el Registro Mercantil y que ambos informes de auditoría están publicados en su página web "en tiempo y forma", según las obligaciones impuestas por la nueva Ley de Transparencia.

En definitiva, "la RFEF considera que la actitud del secretario de Estado incurre en un abuso de derecho y de poder, y que ha utilizado y utiliza de forma torticera los datos de la auditoría de cuentas, de la revisión limitada y otros datos federativos, comunicando y filtrando con mala intención y ánimo de perjudicar gravemente la imagen de la RFEF y, en consecuencia, del fútbol español".