Trámite superado. Por fin, el accionariado del Xerez podrá disfrutar de sus títulos. La junta general extraordinaria de accionistas de la entidad aprobó ayer la ampliación de capital pendiente desde el año 2002, que fue iniciada por José María Gil Silgado y que no estaba asentada en el Registro Mercantil.

La junta aprobó sin problemas los puntos en el orden del día. El abogado Sixto de la Calle se encargó de dirigir una junta rápida, ya que los asistentes tenían claro que la ampliación de capital era una obligación para que la situación de la sociedad se normalizase.

El primer punto del orden del día consistió en la aprobación de una reducción de capital de 69,60 euros para ajustar las cantidades y evitar el desfase que se produjo en su día con el cambio de pesetas a euros. El capital pasó de ser de 3.455.819, 60 euros a 3.455.750.

El segundo punto fue el referido a la ampliación de capital, que estaba fijada en 7.314.170 euros. Ahora, el club posee un capital social de 10.769.920 euros.

Por último, los asistentes a la junta tuvieron que ratificar las cuentas del ejercicio 2006/2007, un trámite obligado para poder llevar a cabo la operación.

En la junta estuvieron representados un 91,37% del accionariado del club y acudieron, además de Morales, Francisco Javier Rivera Cross, Pedro Ruiz Castro, José Antonio Pérez Rendón, Ramón Molina Barrios, Juan Pacheco Aguilocho, Francisco Franco Sánchez, Antonio Fernández Martínez, Juan Sánchez Ortiz, Francisco Delgado Díaz, Rafael Almagro Setó, José Luis Cintas Ortiz, Diario de Jerez y Publicaciones del Sur.

De la Calle, apoyado por Andrés Hernández, abogado del club, contestó a las preguntas de los accionistas minoritarios, especialmente a las de Francisco Franco, que se mostró muy interesado en conocer los nombres de las personas físicas y jurídicas que tenían créditos con la entidad y también el importe de los mismos.

Por otro lado, el Xerez deberá indemnizar o readmitir en su puesto de trabajo a Manuel Leira, director general al que despidió de forma improcedente, según un auto dictado por María Soledad Ortega, magistrado juez del Juzgado de lo Social Número 1 de Jerez.