La Escuela de Buceo del Ayuntamiento de Cádiz, que hasta hace pocas semanas venía desarrollando su labor en el Centro Náutico Elcano, se ha visto obligada a dejar de realizar sus actividades como consecuencia del impago de Arasti Barca a la Federación de Actividades Subacuáticas.

La empresa de Burgos, responsable de la gestión de los servicios de deportes en la capital desde hace varios años por delegación del Instituto del Deporte del Ayuntamiento, alcanzó un acuerdo con los responsables municipales en 2007 para incluir en el pliego de condiciones la entrada en funcionamiento de cursos específicos de buceo que requerían la creación de un club de actividades subacuáticas, cuyo coste se había estimado en 118.000 euros.

Apenas dos años más tarde, Arasti Barca no ha abonado más de 7.000 euros a la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, que ha tomado la decisión de dejar de prestar el material necesario, así como no conceder ni las licencias ni los seguros obligatorios, por lo que los cursos, lógicamente, no pueden llevarse a cabo. Del mismo modo, los profesionales que realizan su labor en la Escuela de Buceo se han visto obligados a permanecer de brazos cruzados, sin poder más que denunciar su situación, ante el incumplimiento de la normativa vigente.

Obviamente, y como consecuencia de todo lo expuesto, los usuarios y deportistas están imposibilitados para la práctica de una actividad que meses atrás se ofertaba como venía haciéndose durante los últimos años.

Ante tal panorama, el Sindicato Andaluz de Trabajadores Autonomía Obrera denuncia el "incumplimiento del pliego de condiciones" por parte de Arasti Barca, aunque va más allá al entender que el Instituto del Deporte tampoco cumple con su obligación "al no abrir el correspondiente expediente y sancionar a la empresa de Burgos", a la que califica de mera "intermediaria entre el Ayuntamiento y los trabajadores" y acusa de "utilizar excusas para no pagar las deudas" atribuyendo al Instituto del Deporte la responsabilidad "al no abonar en tiempo y forma" las partidas del contrato que les vincula, cuando lo cierto es que en el pliego de condiciones es "meridianamente claro que la empresa contratada debe asumir toda la responsabilidad al margen del abono correspondiente".

Autonomía Obrera concluye recordando que lo que pasa con el buceo es "otra consecuencia de la privatización" en lugar de municipalizar un servicio de deportes que resultaría más económico.