La mirada de Argos | Crítica Acta de una década vertiginosa

  • Una colección de 71 artículos desde 2010 hasta ahora se convierte en un manual constitucional didáctico, sobrio y atrevido sobre la política española

El profesor Ruiz Robledo, en el Albaicín de Granada. El profesor Ruiz Robledo, en el Albaicín de Granada.

El profesor Ruiz Robledo, en el Albaicín de Granada. / Inma Ramos

Hubo un tiempo, pasada la agitación de los primeros años de la Transición, en el que los políticos ocuparon casi por completo el escenario público. Se echaba de menos la aportación de intelectuales y académicos a la discusión de las ideas. Con el tiempo, economistas y juristas han hecho un acto de presencia muy saludable.

En el campo jurídico llama la atención el número y calidad de los profesores de Derecho Constitucional que escriben en los periódicos análisis e interpretaciones de la actualidad. Y de manera destacada, el catedrático de Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo cuyos artículos frecuentan las páginas de Opinión de los nueve diarios del Grupo Joly y El País. El profesor es consultado asiduamente en privado por no pocos periodistas, y en público por gran cantidad de medios como Radio Nacional, Cadena SER, Onda Cero, Canal Sur, Cuatro TV o la web de RTVE.

La editorial Reus publica una selección de 71 artículos aparecidos entre 2010 y 2020, que en conjunto resultan la interesante crónica de una década vertiginosa y un didáctico tratado constitucional de la política española. La reforma de la Constitución, los derechos fundamentales, la Monarquía, las Cortes, el Gobierno, el poder judicial, el estado autonómico, Andalucía o Cataluña soportan la mirada de este Argos, de todos los ojos, que toma su nombre del gigante de la mitología griega con cien ojos que nunca se cerraban al mismo tiempo. Ruiz Robledo mira para muchos sitios antes de dar su opinión y en algunos casos sus conclusiones jurídicas resultan incluso lejanas de sus preferencias políticas.

En el prólogo del libro, Francesc de Carreras destaca el estilo sobrio, claro y humilde del autor, pero también celebra que sus opiniones sean atrevidas y hasta polémicas. Una de ellas es su propuesta de llevar la capital de España a Zaragoza, gran ciudad equidistante de Madrid y Barcelona, capital del antiguo reino de Aragón. No es una frivolidad, el autor plantea que una de las grandes técnicas constitucionales para controlar el poder es dividirlo y no le parece mala idea separar geográficamente los centros económicos de los políticos, como hicieron en el pasado los estados federales de raigambre anglosajona: Estados Unidos, Canadá o Australia. Y otra también audaz es la propuesta de que tras las elecciones se deje de adjudicar un porcentaje de escaños equivalente a la abstención, basada en el primer programa electoral de los verdes alemanes en los 80.

Dibuja una España con capital en Zaragoza, sin diputaciones ni Senado, laica y más participativa

En el plano institucional, le pone proa a las diputaciones, a las que considera de escasas competencias, poca legitimidad democrática, alto número de funcionarios, con facilidad para el nepotismo, nula gobernanza y poca eficacia. Y también deja en precario la función del Senado, para el que propugna su desaparición. En otros episodios critica el precipitado procedimiento de la reforma exprés de la Constitución en 2011 para introducir la cláusula de estabilidad en el artículo 135, y que el texto no utilizara la palabra España, sino el término Estado. O añade a los cambios pendientes, sus deseos de una república laica como la francesa, una democracia participativa como la suiza, y un estado social como el sueco. O celebra que el Tribunal Constitucional desmontase la atrabiliaria teoría de que un Gobierno en funciones no está sometido al control del Congreso. O descalifica la propuesta de Sánchez de que gobierne el partido más votado y la de Casado de una prima de 50 escaños a la lista más votada.

El recorrido hace idas y venidas al hilo de la actualidad. Desde el estado de alarma de 2010 por la huelga de controladores, a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2013 que declaraba contraria a los derechos humanos la doctrina Parot sobre beneficios penitenciarios, la abdicación del rey Juan Carlos en 2014, el no es no de Sánchez en 2016... hasta las variopintas maneras de jurar la Constitución de los parlamentarios españoles en 2019.

Portada del libro. Portada del libro.

Portada del libro.

En sus consideraciones sobre Andalucía, el autor cree que a Blas Infante no le habría agradado el título de Padre de la Patria andaluza porque implícitamente supondría que el pueblo andaluz es un invento. Que la disolución táctica del Parlamento regional, debería evitarse con legislativas rígidas como las implantadas en los sistemas presidencialistas y así sustituir el poder de las personas por el poder de las normas. O que el Parlamento andaluz tiene una mesa sobredimensionada de siete miembros para 109 diputados, si se compara con un speaker para los 650 diputados de Los Comunes, siete para los 631 del Bundestag o nueve para los 350 del Congreso.

En zigzag podemos asistir al embrollo catalán. Y en 2019 contemplar cómo violó la Constitución el Parlament cuando denegó la designación de Iceta como senador; y cómo aceptar un relator es un error menor que acordar una mesa de partidos al margen de las instituciones constitucionales, aunque el primero genere un revuelo mediático que no causa la segunda. O cómo en 2018 Puigdemont pudo haber sido candidato a la Generalitat, pero no acudir al pleno de investidura sin autorización del juez de instrucción. Para analizar el intento de secesión hay valiosos ejemplos canadienses, históricos y jurídicos.

Y, en fin, con este libro viajamos en compañía Dahrendorf, William Thomas, Montesquieu y Maquiavelo, Jiménez de Asúa, Paul Valéry, Martinez de la Rosa y Arguelles, García Pelayo, Cesare de Beccaria, Hans Kelsen, Aristóteles y una larga tripulación de pensadores, juristas y científicos que ayudan al profesor a tejer sus ideas, argumentos y dudas.

En un momento de sectarismos tan instalados en el escenario público, la contribución de intelectuales al debate político es además de saludable, imprescindible. Ese es el valor añadido que tiene este acta de una década vertiginosa.

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