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Multa de 3.000 euros al Patronato de la Alhambra por vulnerar el derecho a la huelga el pasado 8-J

  • El fallo judicial considera que utilizó personal externo y de subcontratas para lograr que el monumento fuera visitado sin restricciones ni incidencia del paro.

El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha condenado al Patronato de la Alhambra y el Generalife al pago de una multa de 3.000 euros por vulnerar el derecho a la huelga el pasado 8 de junio, cuando los sindicatos CSI-F, CCOO y  UGT  convocaron paros en el sector de la administración.

En la sentencia, el magistrado considera que la empresa pública utilizó personal externo y de subcontratas para lograr que el monumento fuera visitado sin restricciones provocando con ello que la huelga convocada tuviera una repercusión muy inferior a pesar del éxito de seguimiento, y de hecho la venta de entradas fue la de un día normal, y de casi 6.000 vendidas sólo hubo nueve devoluciones y cuatro reclamaciones.

Según lo que había estipulado la Consejería de Empleo, el día de la huelga el patronato debía contar con dos trabajadores para la realización de servicios mínimos, concretamente un peón especialista en control e información (PECI) en el turno de mañana, y en el de tarde y visita nocturna un oficial de control e información. Así, sólo uno de los trabajadores PECI acudió a trabajar el 8 de junio, pero las taquillas funcionaron con normalidad y se abrieron las puertas de los Palacios Nazaríes y también del Generalife, todo porque empleados y personal de subcontratas que no debían realizar controles de vigilancia y control lo hicieron.

De hecho, para el funcionamiento normal del recinto son necesarias 22 personas -exigibles un mínimo de 15-, por lo que "resulta evidente" que aquel día hubo más trabajadores de lo que estaba establecido en el acuerdo de servicios mínimos.

"No es posible que el monumento se dejase sin control dada la importancia del mismo y no entra dentro de las posibilidades el que se permitiera el acceso y permanencia de turistas sin supervisión alguna sobre ello y sin velar por la seguridad en el espacio", señala el magistrado, para quien por ello "la única posibilidad" es que esa vigilancia se efectuase por personal de las subcontratas que normalmente hacen labores estadísticas o de información fuera del recinto.

Empleó a personal propio y externo

La conducta del Patronato fue por tanto de "clara vulneración del derecho a la huelga", ya que para evitar las dificultades que hubieran supuesto tan sólo contar con un trabajador en la apertura de accesos, empleó por un lado a personal propio y de otro persona externo, tanto de una empresa de seguridad como de otras subcontratas.

El "esquirolaje" fue por tanto "externo" e "interno" y, según el magistrado, "no se encontraba justificado". "No existe una colisión de derechos que haga que primer la posibilidad de acceso al monumento para su visita sobre el derecho a la huelga. Tampoco nos encontramos ante una situación que justifique acudir a otro personal por razones de seguridad, ya que si bien una vez abierto el recinto es cierto que los trabajadores de servicios mínimos no podían velar por la seguridad del mismo, es una situación creada por al propia demandada, que al abrir sin el personal necesario para ello crea la situación que luego le obliga a acudir a esos trabajadores", incide en el fallo

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