Nóminas que faltan, otras que se cobran sólo parcialmente, ayudas sociales suspendidas desde hace años y hasta amenazas de expedientes de regulación de empleo. Éste es el panorama al que se enfrentan los empleados de los ayuntamientos de toda la provincia, víctimas de una administración local que está prácticamente en quiebra con una deuda bancaria de 528 euros por habitante y una fuerte reducción de ingresos tanto de la vía urbanística como por la menor recaudación de otros impuestos. El resultado es que, según los cálculos de UGT, alrededor de un 30% de los empleados públicos de los consistorios onubenses están sufriendo retrasos en el cobro de sus nóminas. En total, unos 2.800 trabajadores, señala la Federación de Servicios Públicos de UGT. CSI-F rebaja esa cifra a menos de 2.000 tras detectar problemas de peso en una quincena de ayuntamientos de la provincia.

Los impagos no entienden de color político y se extienden por los consistorios de todas las comarcas de la provincia. Los ayuntamientos de la Costa encabezan la nómina de problemas; fueron los más beneficiados del boom del ladrillo, los que más personal contrataron, y ahora notan más las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ninguno se salva prácticamente de los retrasos en los pagos; ayer mismo, un grupo de trabajadores de Ayamonte reclamaba, convocados por CSI-F, la regularización del abono de las nóminas y el pago de una deuda de más de 850.000 euros con los trabajadores.

Siguiendo la línea de la costa, prácticamente todos los municipios están afectados, como se recoge en los informes elaborados por los sindicatos para realizar un seguimiento del problema. Isla Cristina paga sólo la mitad de la nómina en plazo y debe una, Lepe debe las pagas extra de 2011 y la mitad de la nómina de enero, Cartaya adeuda la nómina de enero y las pagas extra de 2011, y Punta Umbría, la extra de Navidad. Aljaraque debe parte de la nómina de noviembre y los salarios de diciembre y enero, y saltando la Ría de Huelva los problemas siguen en Moguer, donde falta la nómina de enero. El pago de las ayudas sociales, como ayudas al estudio, para gafas y otras materias, está suspendido casi de forma general; también en la capital se adeudan desde noviembre.

Hay más ayuntamientos afectados; para UGT, la situación de algunos es "crítica", algo que se traslada directamente a sus trabajadores. Y la situación de estos puede serlo aún más con la reforma laboral, advierte, ya que se abre la puerta a que el sector público ejecute expedientes de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ERE que afectarían al personal laboral, no al funcionario). Y hay varios ayuntamientos que ya han planteado expedientes para sus empleados. También critica el sindicato a la posibilidad de que los parados realicen trabajos en beneficio de la comunidad, una opción sobre la que alerta que puede servir para copar trabajo que hasta ahora realizan los empleados públicos.

El responsable de Administración Local CSI-F, Juan Manuel Quilón, apunta otro motivo de preocupación: la frontera del 25-M, fecha de las elecciones autonómicas. "Mucho nos tememos que después de este día los ayuntamientos empiecen a recortar" ya que, asevera, los propios consistorios reconocen que "están aguantando lo que pueden". La sospecha se extiende de nuevo a todos los municipios, capital incluida.

Según aseguró el Ministerio de Empleo, los ERE se aplicarían con el objetivo de "facilitar el redimensionamiento de aquellas estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años". A este respecto, la secretaria general de la FSP-UGT de Huelva, Marisa Fernández, asegura que los sindicatos ya advirtieron a los partidos políticos "que no se debía hacer política sobredimensionando las plantillas de los ayuntamientos en épocas de bonanza". A esto se suma, señala UGT, la externalización de servicios públicos en los ayuntamientos (véase agua o limpieza) como fórmula de obtener un ingreso extra. El resultado es ese exceso de plantilla que ahora tendrá que rebajarse.

Aunque desde CSI-F también se apunta a otro motivo para los impagos: la "nefasta gestión económica" de los equipos de Gobierno. A ella se refería ayer Quilón precisamente en la manifestación convocada en Ayamonte, criticando que al final "son los trabajadores los que padecen las consecuencias" de la falta de previsión y la consiguiente acumulación de deuda de este Ayuntamiento. Así, en el caso ayamontino, resalta, desde 2007 sólo se han aprobado dos presupuestos municipales y fueron cerrados con déficit. "Con este planteamiento es imposible que las cuentas se saneen y se conozca su estado". Frente a esta situación general, CSI-F advierte que el siguiente paso a adoptar serán las acciones legales para reclamar en los juzgados los impagos a los trabajadores.