Sanlúcar IU pide en las alegaciones fiscales bajar a la mitad la tasa de basura

  • También propone para las ordenanzas de 2021 sustituir las ayudas a empresas por "la reducción de la tasa de aperturas a una cuantía simbólica de un euro por expediente". 

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Carmen Álvarez.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Carmen Álvarez.

IU ha registrado sus alegaciones a las ordenanzas fiscales de 2021 destacando que “incluyen un decálogo de propuestas para un cambio en el modelo fiscal que afecta a los pequeños y medianos empresarios a fin de consolidar las empresas existentes y atraer a nuevas”.

Según su portavoz, Carmen Álvarez, “el Gobierno local PSOE-Ciudadanos (cs) han hecho unas ordenanzas pactadas con la derecha que son todo lo contrario del sistema tributario progresivo que defiende Izquierda Unida, un sistema en el que pague más quien más tenga, quien más gane”. “Es de justicia social que las grandes empresas que facturan más de un millón de euros, como los bancos, Aqualia, Las Dunas, Mercadona y demás, hagan el mismo esfuerzo que los sanluqueños y paguen más impuestos y les suban el IAE al máximo legal”, ha asegurado.

Entre las alegaciones de la coalición izquierdista figura la propuesta de bajar a la mitad la tasa de basura “por su carácter regresivo y obsoleto”. “La compensación de estos ingresos para las arcas municipales ya viene dada por el extraordinario subidón que ha tenido el IBI desde que entró el PSOE en el despacho de la Alcaldía hace más de diez años”, argumenta.

Igualmente, propone “eliminar las ineficaces ordenanzas para el fomento del empleo y a la creación de empresas que se pusieron en marcha para 2016”, arguyendo que “es más beneficioso que se modifique la tasa de aperturas para reducirla a una cuantía simbólica de un euro por expediente, en vez de dar hasta 1.000 euros a algunas empresas por abrir un local y 1.500 euros por crear un puesto de trabajo”.

También exige la ejecución del acuerdo plenario unánime de 2017 para aplicar un recargo del 50% en el IBI de viviendas “desocupadas” pertenecientes a entidades bancarias, “algo que sería muy beneficioso a la hora de negociar para ofrecerlas con alquileres sociales”.

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