IU ha acusado al Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) de “convertir en mera propaganda partidista” el “acto administrativo” de la firma del arqueo de la caja municipal por parte de la concejala dimisionaria de Economía y Hacienda, la socialista Inmaculada Muñoz, lo que, a su juicio, “es una prueba fehaciente del escaso nivel de trabajo y gestión que ambos partidos están demostrando en Sanlúcar”.
El concejal izquierdista Fernando Cabral ha criticado que “quisieron dar máxima trascendencia a esa firma convirtiéndolo en un acto de propaganda adobado con las mentiras de siempre respecto a la situación económica del Ayuntamiento”. “El PSOE y Cs se aferran a la idea de que a fuerza de repetir la misma mentira, esta pueda convertirse en verdad, pero no cuela”, ha asegurado.
IU argumenta, entre otras cosas, que la deuda total del Consistorio asciende a 81 millones de euros y que “todos los impuestos y tasas municipales están en sus máximos legales, excepto el que pagan las grandes empresas que actúan en la ciudad".
Con respecto al arqueo, asevera que el Gobierno municipal destaca que actualmente hay un saldo positivo de siete millones de euros, pero “olvida decir que ahora es posible tener ese saldo positivo porque se está recaudando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que, por cierto, como todos los sanluqueños han podido comprobar, ha subido con respecto al recibo de 2019”. “Esto demuestra que la denuncia que hizo en su día IU era cierta y que la ex delegada de Hacienda; el alcalde, Víctor Mora (PSOE);y el primer teniente de alcalde, Javier Gómez Porrúa (Cs), mintieron cuando negaron que el IBI iba a subir en 2020”, sostiene.
En cuanto al sucesor de Muñoz, el edil socialista David Salazar, IU ha manifestado que “no va a suponer ningún cambio en la aciaga política económica de este Gobierno local”, arguyendo que “en calidad de delegado de Personal fue quien redactó la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, en la que determinados colectivos de empleados municipales fueron beneficiados con una subida salarial de más de 15.000 euros al año, que supondrá, como denunció IU, un sobrecoste de más de dos millones de euros anuales”.
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