El varapalo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) propinó al proyecto del tranvía a su paso por San Fernando, otorgando la razón al único propietario que mantuvo el recurso contra el proceso seguido por la Junta en lo que al proyecto y a las expropiaciones respecta en la ciudad vecina, podría repetirse en Chiclana, según palabras del propio abogado representante del citado propietario, José Antonio Gamero.

En opinión de Gamero, "la Junta ha seguido el mismo procedimiento en Chiclana que en San Fernando, por lo que, en principio, y aunque quizás sería más complejo el proceso de reclamación por el tiempo transcurrido, la iniciativa adolecería de los mismos defectos que en La Isla". Cabe recordar que la sentencia del TSJA que daba la razón a este vecino de San Fernando declaraba nulas las obras realizadas en la ciudad vecina por dos "omisiones": la primera hace referencia a la ausencia de proyecto, cuya aprobación por parte de la Consejería no consta; mientras que la segunda se refiere a irregularidades en el proceso de expropiación.

En este sentido, el letrado que ha llevado el caso en San Fernando argumenta que "en Chiclana los trámites por parte de la Junta han sido los mismo, pero, mientras que en La Isla las expropiaciones ya se habían llevado a cabo, en Chiclana el proceso está en un punto diferente, ya que se han firmado las actas de ocupación pero no se han realizado los depósitos previos que exige la ley". Esta circunstancia, según José Antonio Gamero, y el hecho de que ya hayan transcurrido los plazos de recurso, harían que las reclamaciones estuvieran sujetas en la localidad a un proceso más complejo.

Cabe recordar, en este sentido, que la Plataforma en contra del trazado del tranvía a su paso por Chiclana se encuentra en estos momentos valorando la opción de acudir a los tribunales para recurrir el proceso, una circunstancia que se encuentra pendiente, según apuntan desde este colectivo, del estudio de costes que están realizando. En cualquier caso, el abogado que ha llevado el caso en San Fernando apunta en este sentido que "este recurso beneficiaría a los expropiados porque las indemnizaciones compensarían los gastos, pero en el caso de otros afectados, como comerciantes o empresarios, habría que valorar hasta qué punto los costes serían compensados por los resultados que se obtuvieran en el proceso, ya que lo que se persigue en este caso es evitar daños como los que han tenido que sufrir el medio centenar de comercios que han cerrado en San Fernando".