Los vecinos de la Rana Verde que ayer asistieron a las instalaciones de Manguita para participar, junto a la delegada municipal de Urbanismo, en la reunión informativa sobre el proceso de regularización y las ordenanzas se fueron de vacío. Y es que la asistencia, aunque se presumía numerosa, desbordó todas las previsiones de los convocantes, no contando con el espacio ni con los medios de megafonía necesarios para que los allí presentes, en torno a 500 personas, pudiesen asistir y participar de dicha reunión con las garantías exigibles.

Esta situación, que provocó la indignación de los vecinos y para cuya resolución se llegó a plantear incluso la posibilidad de salir a la zona de aparcamientos del establecimiento y utilizar la megafonía de un coche patrulla de la Policía, provocó que, después de más de un intento fallido de comunicación, se pospusiera dicha reunión con el conjunto de los vecinos al próximo domingo (a celebrar posiblemente en las instalaciones del camping) y se mantuviese el diálogo previsto con los representantes vecinales.

De este modo, Cándida Verdier, que, una y otra vez, hizo pública la disposición del equipo de gobierno a mantener "cuantas reuniones sean necesarias", se sometió a una ronda de preguntas que vino precedida de una introducción sobre el estado en el que se encuentra el proceso de regularización.

En el transcurso de esta pequeña reunión quedó patente que, pese a que las ordenanzas están a disposición de los ciudadanos y a que la mayoría de las federaciones vecinales, excluida la Rana Verde, le dieron su 'ok', existe un gran desconocimiento por parte de quienes, a fin de cuentas, son los afectados por este proceso, los propietarios.

De este modo y por lo que se refiere a lo expuesto por Verdier, ésta incidió en que, una vez acordado el inicio del proceso por parte de un 25% de los vecinos de cada unidad, "algo que decidirán libremente, sólo pagarán 5 euros por metro cuadrado", desembolso al que, en un plazo aproximado de un año, se unirá otro de 12.000, existiendo la posibilidad de aplazar hasta el 40% de dicho pago en tres años.

"Esta segunda cantidad", apuntó la delegada, "puede ser inferior si se trata de zonas en las que, por ejemplo, ya dispongan de alguno de los servicios a suministrar, caso de la electricidad". No obstante, para llegar a este paso, que garantizará los servicios básicos de luz, agua y saneamientos, será preciso el visto bueno del 55% de los afectados.

Llegados a este punto, Verdier aclaró que quedaría una tercera fase, a decidir por el 100% de los propietarios, que contemplaría el retranqueo de parcelas, acerado, alumbrado, etc. y que, "en el supuesto más elevado", elevaría el coste del expediente completo de regularización a 35.000 euros.

Por último, la delegada, que destacó el carácter voluntario de dicho proceso, hizo público el compromiso del gobierno para buscar, en cada caso, los mejores elementos de financiación.