Los plenos vuelven a cobrar vida. Ésa ha sido la mejor de las noticias de la sesión plenaria ordinaria del mes de mayo celebrada en la tarde noche de este jueves, un pleno que ha vuelto a llevarse a cabo de forma presencial una vez finalizado el estado de alarma y tras más de un año de sesiones telemáticas por internet.

En lo organizativo, la sesión ha estado marcada por las medidas de distanciamiento social y de seguridad, con la distribución de los concejales por la zona de la bancada, la zona de prensa y la destinada al público, además de la colocación de mamparas entre los asistentes. 

Como algunos de los ediles de la corporación han destacado en sus primeras intervenciones, la progresiva vuelta a la normalidad tras más de un año de pandemia, que en este caso se traduce en la celebración de estas sesiones con la asistencia de los ediles al salón de plenos, viene a dotar a la cotidianeidad de un motivo más para la esperanza y el optimismo, después de muchos meses de incertidumbres y contratiempos.

Y en lo estrictamente plenario, la sesión se ha caracterizado por el escaso contenido local y un exceso de debate supramunicipal, con diversos puntos prácticamente administrativos en su totalidad y otros marcados por propuestas de los diferentes grupos municipales a administraciones como la Junta o el Gobierno central. Unas demandas que eran apoyadas o rechazadas en función del partido que votara y del que gobernara en cada caso en la administración a la que se le trasladaba la petición.

Entre estas cuestiones han estado la relativas a la petición a la Junta de una mayor inversión en Salud Mental, por parte de IU; la demanda del PP al Gobierno central para que se anulen las subidas de impuestos o la reclamación de planes de empleo por parte del PSOE a la Administración autonómica, entre otras.

Otro de los puntos que ha generado más debate ha sido el relativo a la prórroga del contrato del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros (autobuses) en la ciudad tras la argumentada imposibilidad de llevar a cabo su licitación debido a la pandemia, por parte del gobierno municipal, y la crítica del PP sobre el supuesto "interés municipal por estirar este contrato y la falta de trabajo del equipo de gobierno para replantear este servicio y aclarar los detalles del contrato".